La Inspección General de Justicia (IGJ) buscó descomprimir el clima de tensión entre el Gobierno y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Daniel Vitolo, titular del organismo, aseguró que no hay ningún plan oficial para intervenir la casa madre del fútbol local.
“Nadie está pensando en el Poder Ejecutivo intervenir la AFA”, dijo en radio Rivadavia, al descartar de plano cualquier medida de ese tipo.
Vitolo insistió en que la IGJ no tiene entre sus alternativas promover una intervención ni recomendarla al Ministerio de Justicia. “La Inspección de Justicia no está decidida ni tampoco está pensando, ni siquiera considerando recomendar una intervención y tampoco lo está pensando el ministro de Justicia. Así que es un escenario que hay que descartar”, afirmó para despejar especulaciones.
Aun así, el funcionario remarcó que la AFA continúa bajo la órbita de control de la IGJ porque no culminó los procedimientos legales requeridos para formalizar el traspaso de su sede fuera de la Ciudad de Buenos Aires.
Según explicó, la asamblea del fútbol argentino votó su mudanza, pero esa resolución no tiene validez hasta que se modifique el estatuto, se presente la documentación ante la IGJ y se cumplan todos los trámites administrativos, incluida la notificación final a la jurisdicción porteña.
“La AFA sigue estando bajo mi órbita, a pesar de lo que la AFA dice”, subrayó.
Vitolo detalló que la entidad aún no entregó el estatuto reformado ni regularizó la inscripción de su última comisión directiva, luego de una asamblea que adelantó un año la renovación de autoridades por un período de cinco años. Esa decisión fue cuestionada por la IGJ, que la impugnó y llevó el tema a la Justicia. El expediente está pendiente de resolución en la Corte Suprema.
La AFA no culminó los procedimientos legales requeridos para formalizar el traspaso de su sede fuera de la Ciudad de Buenos Aires.
También señaló que la AFA adeuda información desde 2017 por inconsistencias en los estados contables. “Han colocado en una serie de partidas globales sumas ideales sin abrirlas”, sostuvo. Según el titular de la IGJ, la organización tampoco respondió los pedidos de aclaración sobre el destino de esos fondos observados.
Para Vitolo, la AFA intenta iniciar una nueva etapa en la provincia de Buenos Aires sin saldar las objeciones acumuladas. Marcó que eso no será posible mientras no se cumplan las exigencias vigentes. “No vamos a permitir que se vaya de la jurisdicción sin explicar esto”, advirtió. Agregó incluso que la AFA realizó asambleas fuera de la jurisdicción porteña y declaró públicamente que ya está bajo la fiscalización bonaerense, algo que, según afirmó, “legalmente no es posible”.
Al analizar los escenarios legales, Vitolo enumeró tres caminos posibles para una eventual intervención. El primero depende de la IGJ y solo podría activarse ante una violación grave de la ley, el estatuto o el reglamento. En tal caso, el organismo podría recomendar una intervención al ministro de Justicia, aunque el funcionario reiteró que esa alternativa no está en evaluación.
El segundo ámbito es el penal: un juez podría ordenar medidas para proteger bienes o pruebas en investigaciones por lavado de dinero.
El tercero corresponde a la Justicia Civil Ordinaria de la Capital Federal, donde un club afiliado puede reclamar una intervención judicial si considera que la institución está en riesgo. Las medidas van desde la designación de un veedor hasta la remoción de autoridades.
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