Los jubilados de Olavarría, Azul y Bolívar ya tienen que pagar la consulta cuando van al médico de cabecera de PAMI y, en Córdoba, los de Marcos Juárez tienen que desplazarse 120 km hasta Villa María por el cierre del Sanatorio Sudeste, mientras en la provincia mediterránea directamente colapsó la atención, en todos los casos por el estrangulamiento financiero de la mayor obra social pública del país, con 5.405.216 afiliados a nivel nacional.
Desde fin del año pasado, el sistema dejó de pagar regularmente las prestaciones a las clínicas, sanatorios y hospitales privados, a raíz de lo cual se impusieron cupos para estudios diagnósticos y los turnos los dan a partir de los cuatro meses, según constató la Agencia Noticias Argentinas.
Ante la falta de respuestas oficiales y la urgencia por cubrir los costos operativos de los consultorios, los médicos nucleados en estas regiones informaron que, hasta que el PAMI no regularice la deuda pendiente, los afiliados serán atendidos bajo la modalidad de pacientes particulares.
La cadena de eventos que sufre el jubilado es precisa: el médico de cabecera receta un estudio, el paciente saca turno en la institución correspondiente, llega el día de la consulta y se encuentra con que el cupo para esa clínica ya se agotó.
«El jubilado tiene que venir al PAMI para conseguir una orden de prestación para que pueda autorizarse», detalló Susana Núñez, secretaria de Finanzas de la seccional 6 de PAMI del gremio UTI (Unión de Trabajadores del Instituto).
En ese nuevo filtro, la prioridad la tienen los casos preoperatorios y oncológicos, mientras que el resto queda en una lista de espera indefinida.
Corrupción
La causa principal del rojo que se localiza en las cuentas es la corrupción, según la ex funcionaria de la entidad, Viviana Aguirre, libertaria y mileísta de la primera hora.
Había denunciado entonces que era a través de «sobreprecios en todas la cosas» y, si bien afirmó que los retornos venían «de larga data», aseguró que este gobierno «los triplicó».
«Cuatro, cinco, diez veces más caros, en los geriátricos, en la parte médica, en los recursos humanos, en las sillas de ruedas, en los colchones, en los pañales, en todo lo que es farmacia. Ni hablar de las clínicas», expresó, para apuntar al titular del organismo, Esteban Leguízamo, como recaudador.
La misma política en relación a los institutos privados con los que tiene acuerdos se replica en la Provincia de Buenos Aires y hasta ese fraccionamiento se puso en práctica en la entrega de dosis de vacunas contra la gripe a los establecimientos públicos de salud bonaerenses.
La deuda
La deuda que mantiene la entidad con los prestadores privados asciende a unos $ 500 millones y se atribuye a que, como el Tesoro de la Nación dejó de girarle fondos al Ministerio de Salud, la dejó desfinanciada, por lo que algunos de los que vieron interrumpidas las transferencias por los servicios brindados ahora exigen copagos a los pacientes.
La cuestión se torna más compleja para algún entendimiento porque, antes de los diferimientos, estaba sin resolver un reclamo de los prestadores por los aranceles que paga el PAMI por las prestaciones, que permanecen congelados desde hace tres años mientras no dejan de aumentarse salarios, honorarios médicos e insumos.
ATE aseguró que en lo que va de la actual gestión no se compraron elementos de fisiatría (bastones, sillas, camas, colchones, entre otros), y se comenzó a aplicar el cobro ilegal “de plus y aranceles diferenciados” por algunas prestaciones.
La reunión entre Leguizamo y las cámaras que nuclean a las clínicas, sanatorios y hospitales privados (Adecra, Fecliba, Confeclisa, Salud Federal y Capres) no avanzó en nada, porque todo dependerá de lo que surja del encuentro del viernes próximo entre los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Salud, Mario Lugones.
Previamente, el jefe del Palacio de Hacienda estuvo con los técnicos de Lugones, quien amagó con renunciar, y repasaron los números, que no cierran, porque de los $ 8,85 billones presupuestados el año pasado, el 20% provino de Aportes del Tesoro Nacional ahora interrumpidos.
Estimaciones privadas dan cuenta de que Economía le estaría debiendo a PAMI unos $ 1,40 billones, casi el 14% del presupuesto de $ 10,17 billones del organismo para 2026.
Los recursos operativos sintieron la merma en la recaudación, a través del sistema previsional y de las retenciones a jubilados y trabajadores.
Auditorías con el agua al cuello
En este contexto marcado por auditorías internas y denuncias por presuntas irregularidades, el presidente Javier Milei designó a María Florencia Zicavo como la nueva síndico del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), más conocido como PAMI, según se publicó este martes en el Boletín Oficial.
Pero como el hilo se corta por lo más delgado, desde enero, tanto la estructura nacional como las UGL (unidades de gestión local, oficinas emplazadas en cada localidad que atiende los reclamos de los afiliados) sufren por el despido indiscriminado de personal, tanto profesional como administrativo.
Sin previo aviso, los empleados fueron bloqueados para ingresar a sus puestos de trabajo, unos 230 en diversos puntos del país, según el primer recuento de los gremios.
Desde la conducción del PAMI, intentaron justificar la desvinculación de estos empleados, señalando que responde a “un intento de optimizar los recursos del organismo, argumentando una duplicidad de funciones y el incumplimiento de tareas”.
Pero para ATE se trata de parte de la motosierra que busca dejar a la entidad sin capacidad operativa.
Las cesantías se dieron en conjunto con unas 1.400 en toda la estructura del Ministerio de Salud, lo que pone jaque al sistema sanitario.
