El fiscal ante la Cámara Federal, Germán Moldes, concluyó que no hubo lavado de dinero en el caso «Panamá Papers», en el que está imputado el presidente Mauricio Macri, y sostuvo que debe investigarse la hipótesis de evasión de impuestos en la Justicia en lo penal económico.
Así lo sostuvo en un dictamen al que accedió Infobae y en el que también señaló que debe continuar la investigación contra Macri para determinar si estaba obligado a declarar su participación en las sociedades off shore «Fleg Trading» y «Kagemusha».
Ahora la Sala II de la Cámara Federal debe resolver una cuestión de competencia y determinar si la causa de «Panamá Papers» continúa a cargo del juez federal Sebastián Casanello o pasa al fuero penal económico.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación reveló a comienzos del año pasado 11 millones de documentos del estudio panameño «Mossack Fonseca» sobre empresas offshore de presidentes, dirigentes políticos y empresarios.
De esos informes se supo que en 1998 Macri integró el directorio de «Fleg Trading LTD» –creada en Bahamas–. Después se conoció que también integró la offshore llamada «Kagemusha SA», abierta en Panamá. Ambos países son paraísos fiscales.
El diputado del Frente para la Victoria Darío Martínez presentó una denuncia y el fiscal Federico Delgado imputó en abril del año pasado a Macri, en lo que fue la primera investigación penal como Presidente.
Delgado pidió investigar si Macri tenía la obligación de consignar esas sociedades en sus declaraciones juradas por ser funcionario público, algo que no había hecho. También si desde las offshore se cometieron delitos, entre ellos lavado de dinero.Se trata de dos compañías que fueron cerradas en 2006 y 2009 y en las que también figuraron el padre del Presidente, Franco Macri, y uno de sus hermanos, Gianfranco.
La investigación determinó que detrás de «Fleg Trading» y «Kagemusha» había un entramado de empresas y operaciones en distintos países –como Brasil donde el grupo Macri tenía negocios– y movimientos bancarios y de accionistas.
Después de un año de investigación, el juez Casanello resolvió en abril pasado que no podía seguir interviniendo y que el caso tenía que pasar a otros magistrados. Por un lado sostuvo que no hay lavado de dinero porque las respuestas de la Justicia de Bahamas, Panamá, Brasil y Uruguay no aportaron información que pruebe transacciones o movimientos bancarios sospechosos. También se basó en un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) que descartó la existencia de lavado.
Para el juez sí se debe investigar una posible evasión de impuestos por parte de las empresas, pero en la Justicia en lo penal económico. También consideró que la omisión de Macri en las declaraciones juradas corresponde a la Justicia de instrucción, donde ya hay una causa.
Pero el fiscal Delgado apeló esa decisión que calificó como un «error» por parte del magistrado. «Sólo sabiendo qué pasó desde aquellos tiempos sabremos si Mauricio Macri tenía que declarar lo que no declaró. Por eso la separación que hizo el Señor Juez constituye un error», sostuvo.
Delgado señaló que en la causa hay medidas de prueba pendientes, como un informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y un pedido de peritaje sobre los fondos de las offshore investigadas. También sostuvo que el informe de la UIF no tiene pruebas que lo sustenten. Así, le pidió a la Cámara Federal que la causa siga en el fuero federal.
Antes de la resolución del tribunal, opinó el fiscal Moldes: «No es posible sostener en este momento y sobre la base de conocimiento que aportan las pruebas existentes que haya habido lavado de dinero».
Para el fiscal de Cámara, «no hay mención en esta causa a la acreditación de un delito específico anterior realizado por los socios o gestores de Fleg Trading o Kagemusha». El lavado de dinero requiere que se especifique el delito desde el cual se obtuvieron los fondos para blanquearlos.
Moldes compartió el criterio de Casanello de que la causa debe investigarse como una posible evasión de impuestos. «La decisión del Sr. Juez en cuanto a remitir la causa al fuero en lo penal económico es acertada», señaló.
El fiscal de cámara sí compartió el criterio de Delgado de que se debe seguir investigando si Macri estaba obligado a declarar las sociedades.
Ahora los jueces de la Sala II de la Cámara, Martín Irurzun y Eduardo Farah, deben resolver si la causa de «Panamá Papers» cambia de fuero o continúa en la Justicia federal.
Los camaristas criticaron en marzo el rumbo de la investigación: «Tanto el representante del Ministerio Público Fiscal como el Sr. Juez han diversificado la pesquisa y, a casi un año de su inicio sin avances cualitativos en lo que hace a la hipótesis inicial, han irrumpido sus límites desdibujándolos».
