El fiscal federal Carlos Stornelli pidió este miércoles citar a indagatoria a la exministra de Salud de Alberto Fernández, Carla Vizzotti, y a un grupo de empresarios acusados de demorar la compra de vacunas contra el Covid19 a Estados Unidos en 2020. Se los investiga por presuntamente haber favorecido negocios locales en la fabricación de las dosis.
Con esos argumentos, Stornelli solicitó la indagatoria de los sospechosos por los supuestos delitos de abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública para una larga lista de implicados que incluyó a Vizzotti, un grupo de empresarios y asesores.
De acuerdo a la hipótesis del fiscal, el Estado habría demorado de forma deliberada y perjudicial la compra de vacunas de la firma estadounidense Pfizer para favorecer los intereses económicos de un grupo de laboratorios que contaban con “socios locales” en la Argentina.
“Habría existido en derredor de las contrataciones aquí investigadas otros intereses, posiblemente ilícitos, que fueron ponderados por encima de la salud de la población”, sostuvo Stornelli en su solicitud ante el juez.
“Intento de beneficiar a socios locales”: la hipótesis del fiscal
En agosto de 2020, en los primeros meses de la pandemia, el laboratorio Pfizer ofreció a la Argentina un cronograma de entregas que garantizaba 13.200.000 dosis. De esa cifra, tres millones iban a llegar entre el último trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2021, un momento clave para vacunar a la población de riesgo.
Sin embargo, el Gobierno de Alberto Fernández declinó la propuesta y avanzó con las contrataciones de AstraZeneca, Sputnik V y Sinopharm. Las demoras relacionadas con Pfizer, según el fiscal, “derivaron perjudicialmente para nuestro país al verse disminuidas las dosis inicialmente comprometidas y al perderse la oportunidad de contar con ellas con mayor antelación”.
En aquel entonces, el Ministerio de Salud argumentó trabas legales relacionadas con la Ley 26.944 de Responsabilidad del Estado y exigieron a Pfizer cláusulas de inmunidad que, de acuerdo a Stornelli, eran inéditas.
Para Stornelli, este proceder “habría configurado un notorio abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes que les correspondían en función de sus investiduras”.
En paralelo, el fiscal abordó las relaciones interpersonales y comerciales entre los funcionarios públicos involucrados y los laboratorios beneficiados, en un esquema donde ubicó como eje central al empresario farmacéutico Hugo Sigman, cuyas empresas ganaron los contratos con AstraZeneca y Sinopharm.
La lista de involucrados citados por el fiscal
En ese contexto, Stornelli pidió citar para brindar declaración indagatoria a Carla Vizzotti, Mauricio Alberto Monsalvo, Juan Manuel Castelli, Sonia Gabriela Tarragona y Cecilia Nicolini.
Tarragona fue quien negoció en nombre del Estado el fallido contrato con Pfizer, mientras que Nicolini fue la asesora del Gobierno que negoció la llegada de las vacunas de AstraZeneca y Sinopharm.
Del lado del sector privado y los laboratorios, fueron acusados Sigman; el apoderado de Laboratorios Richmond, Juan Manuel Artola; los directivos de AstraZeneca Greg Mueller, Ulrika Lilja y Paz Reviriego; los representantes del consorcio chino Sinopharm Ma Yue y Hui Wang; los encargados del fondo ruso de la Sputnik V Vladimir Primak y Alexander Chistyakov; y el asesor médico Pedro Cahn.
Fuente TN
