El ex presidente, Mauricio Macri, acompañó la demanda de los ex mandatarios nucleados en el Grupo IDEA, exigiendo la liberación de los presos políticos en Venezuela.
“Acompaño la demanda de IDEA. Exigimos la liberación total e incondicional de todos los presos políticos, civiles y militares en Venezuela y que se investigue cada una de las violaciones a los derechos humanos por parte del régimen”, escribió Macri en su cuenta de la red social X.
El Grupo IDEA instó a la liberación total de presos políticos y a la desarticulación del aparato represivo en Venezuela, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.
En un pronunciamiento de profunda trascendencia para el futuro institucional de la región, un colectivo de treinta y dos ex jefes de Estado y de Gobierno, integrados en la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA), ha demandado este sábado la liberación incondicional de todos los ciudadanos —tanto civiles como militares— que permanecen privados de su libertad por motivos políticos en Venezuela.
La declaración, emitida en un momento bisagra de la historia contemporánea del país, subraya que la restauración del Estado de derecho requiere no solo la excarcelación de los detenidos, sino también la derogación inmediata de las leyes represivas que sustentaron dichas acciones.
Entre los firmantes de esta proclama destacan figuras de alto relieve internacional como José María Aznar (Ex-presidente del Gobierno de España), Mariano Rajoy (Ex-presidente del Gobierno de España) y Álvaro Uribe Vélez (Ex-presidente de la República de Colombia). Los mandatarios advierten que, mientras el marco legal que permitió la persecución permanezca vigente, los ciudadanos liberados mantienen una condición de vulnerabilidad ante un sistema judicial que califican de arbitrario.
La urgencia de un marco legal transparente
El comunicado del Grupo IDEA enfatiza que la «libertad plena y el cierre definitivo de los juicios arbitrarios» son tareas pendientes que no admiten dilaciones. Los ex-líderes iberoamericanos manifestaron su preocupación ante el proyecto de ley de amnistía que actualmente se debate en la Asamblea Nacional venezolana. Según el documento, dicho proceso está siendo conducido por legisladores vinculados a la estructura del régimen previo, lo que genera el riesgo de una aplicación discriminatoria de los beneficios legales que podría revictimizar a quienes padecieron la persecución.
Bajo la óptica de estos expertos internacionales, cualquier intento de reconciliación nacional debe partir del desmantelamiento de los instrumentos jurídicos diseñados para la represión. Sin esta medida estructural, la libertad actual de los detenidos carecería de las garantías institucionales necesarias para su sostenibilidad en el tiempo.
Contexto de transición y discrepancias en las cifras de excarcelación
Este reclamo internacional se produce en medio de un escenario político volátil, iniciado tras la captura de Nicolás Maduro (Ex-presidente de Venezuela) el pasado 3 de enero de 2026, durante una intervención militar encabezada por fuerzas de los Estados Unidos. Desde ese hito, el flujo de liberaciones ha sido constante pero carente de una sistematización oficial unificada, lo que ha generado disparidad en los registros:
- Plataforma Unitaria Democrática (PUD): La principal coalición opositora reporta que al menos 391 presos políticos han sido excarcelados desde el 8 de enero.
- Gobierno encargado: Las autoridades de la transición elevan la cifra a 895 liberaciones desde diciembre de 2025, aunque la ausencia de listados públicos verificables ha sido objeto de críticas.
- Foro Penal Venezolano: La organización no gubernamental liderada por Alfredo Romero (Director Presidente y abogado) mantiene un registro de 687 detenidos que aún permanecen bajo custodia, contradiciendo la postura del Ejecutivo saliente, que históricamente negó la existencia de presos por motivos ideológicos, atribuyéndoles delitos comunes.
La intervención del Grupo IDEA busca, en última instancia, elevar el estándar de exigencia sobre el gobierno de transición para asegurar que la «limpieza institucional» sea profunda y no se limite a gestos simbólicos, garantizando que la justicia venezolana recupere su carácter imparcial y democrático.
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