La vida de los enfermos renales de la provincia depende de una decisión política y la respuesta inmediata de las autoridades de las obras sociales IOSEP y PROFE. A través de un comunicado la Asociación Santiagueña de Prestadores de Hemodiálisis y Trasplantes Renales expuso que ambas adeudan varios meses a los centros de diálisis e inclusive con una no se firmó el convenio correspondiente para este 2019.
En la jornada de este martes, el IOSEP expuso a través de un comunicado oficial que “la intención de suspender la atención a los afiliados se fundamenta en la pretensión de aumento e incremento desmesurado en el marco de negociaciones para determinar los valores que tendrán vigencia a partir de abril. Desde marzo de 2018 a marzo de 2019 la prestación del servicio tuvo un incremento del 55%”.
En respuesta a ello, la Asociación Santiagueña de Prestadores de Hemodiálisis y Trasplantes Renales indicó: “El incremento al sector público fue de un 40% para el año 2019, mientras que la propuesta a la Asociación fue de un 10%. Desmentimos que se haya otorgado un incremento del 55% en el 2018; los incrementos reales fueron de un 17% a partir de abril de 2018 y una recomposición del 20% a partir de noviembre”
También indicaron que “el IOSEP adeuda servicios prestados desde noviembre de 2018 y ante la falta de respuesta se pidió rescisión de contrato a partir del 1 de abril de 2019 por numerosos incumplimientos en pagos y recomposición de aranceles”.
Respecto al PROFE, “la obra social está sin convenio desde el 1 de enero de 2019; se adeudan los servicios prestados desde noviembre de 2018, sumados a los débitos infundados desde junio de 2018. Plantean verbalmente que se facture el primer trimestre de 2019 a valores antiguos y no existe propuesta formal de continuidad”.
Asimismo explicaron que PROFE “asumiría unilateralmente y sin aviso el traslado de los pacientes, dejando sin trabajo a 70 familias, además de poner en riesgo la logística de turnos y horarios”.
Precariedad económica
Finalmente se indicó: “Los directores médicos y los Centros de Diálisis han soportado desde hace más de tres años el deterioro en las condiciones contractuales, dilaciones, reuniones interminables, sin arribar a una solución que preserve la vida de los pacientes.
Dada la falta de respuesta de los financiadores, los centros prestadores se encuentran incapacitados para seguir brindando sus servicios bajo esta situación de precariedad económica.
Actualmente los prestadores se encuentran en escases de insumos, imposibilidad de pago de sueldos, impuestos, intereses bancarios por descubiertos etc”.
