En el proyecto se establece un período de dos años para instalar la red de radares necesaria y de 18 meses para dotar a la Fuerza Aérea de aeronaves con capacidad de interceptar avionetas ilegales, y se consignan los seis pasos para permitir el uso de armamento contra los vuelos irregulares.
Reconocimiento visual de la aeronave irregular.
Verificación de datos en el centro de control de vuelos.
Determinada la irregularidad del vuelo, se intentará tomar contacto radical mediante la frecuencia internacional de emergencia.
En caso de no responder a los avisos radiales, se considerará el vuelo sospechoso y se ordenará su aterrizaje mediante señales visuales.
Si se mantiene la desobediencia, se habilitará al piloto interceptor a disparar munición trazadora (que es visible en su trayectoria) a modo de advertencia.
De persistir la situación, el vuelo será declarado hostil y se permitirá su derribo.
El proyecto de Pro, acompañado por el Peronismo Federal, avanza también con la necesidad de dotar a la Fuerza Aérea de aviones de interceptación según informa un matutino.
El gobierno nacional rechaza esa posibilidad y la ministra de Seguridad, Nilda Garré, siempre se opuso a esa alternativa durante su gestión en Defensa. A cambio pretende perseguirlas con unidades móviles de la Gendarmería, para lo cual se dotaría a esa fuerza de helicópteros Huey II, repotenciados en los talleres del Ejército en Campo de Mayo.
Cabe recordar que el Gobierno permitió el potencial derribo de aeronaves desconocidas durante el desarrollo de las cumbres presidenciales.
