Más de 2 millones de pesos en reparaciones de vehículos que no están identificados. Sindicalistas municipales que no trabajaron durante todo un año pero igualmente cobraron su sueldo. Contratación de artistas para espectáculos al aire libre sin justificación. Alquiler irregular de maquinarias para la construcción. Y hasta empleados que cobran en dos lugares al mismo tiempo. Son solo algunas de las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires (HTC), que examina las cuentas públicas de los 135 municipios y de los organismos provinciales. Durante semanas, Infobae relevó todos los fallos firmados por ese organismo durante el primer semestre de 2018. En total, se aplicaron sanciones por casi 840 millones de pesos, sin distinción de colores políticos. En el listado aparecen intendentes de Cambiemos, del PJ y del Frente Para la Victoria.
En Ensenada, distrito gobernado por Mario Secco desde diciembre de 2003, el Tribunal de Cuentas detectó un gasto de más de 2 millones de pesos en repuestos y reparaciones de vehículos y maquinarias que no serían parte del patrimonio de la Municipalidad. Las autoridades aportaron una serie de documentos, pero no lograron despejar las dudas. Los vehículos involucrados no estaban incorporados al Registro Oficial de vehículos municipales.
En algunos casos, ni siquiera se mencionaba la patente. Por eso, el HTC le aplicó una sanción equivalente al monto de la inversión bajo sospecha, $2.102.592 (más unos 300 mil pesos de intereses), por la que responderá el intendente Secco en solidaridad con otros dos funcionarios locales.
En el caso de Arrecifes, el debate jurídico fue más profundo, porque se detectó que ocho empleados municipales cobraron su sueldo durante todo el 2016 aunque estaban de licencia solo porque pertenecían al Sindicato de Empleados Municipales, incluyendo al titular de ese gremio, Juan José Maury.
Ante las primeras objeciones, la Municipalidad argumentó que pagó los sueldos durante todo el año en base a una ordenanza local, que establece que los municipales con cargo gremial tienen derecho «a cobrar la retribución total de haberes durante el tiempo que dure su mandato». Solo en el mes de enero de 2016, la Municipalidad destinó $140.657 para pagar esos sueldos. El monto fue aumentando hasta llegar a 203.385, en diciembre de ese año.
El fallo del Tribunal de Cuentas es contundente. El dinero debe volver al Municipio y la ordenanza que los justificaba se contradice con la Ley de Asociaciones Sindicales y otras normativas provinciales. «La Comuna carece de potestad y competencia para reglamentar en contra del articulo 48 de la Ley 23.551», dice el fallo 54/2018.
Tigre es uno de los municipios que recibió mayor cantidad de sanciones. Uno de los rubros objetados fue el alquiler de maquinarias por más de 6 millones de pesos. El Tribunal de Cuentas detectó varias irregularidades en esas contrataciones: los pagos no incluyeron las certificaciones de los proveedores, ni las constancias de supervisión, ni el cronograma de trabajos realizados. “Los egresos no tienen justificación respaldatoria, y por ende les cabe a los funcionarios actuantes las responsabilidades que establece el artículo 241 de la Ley Orgánica de las Municipalidades”, establece el fallo de más de 100 carillas. Los funcionarios responsables son el intendente Julio Zamora y el secretario de Servicios Públicos José Paneni, entre otros.
El Tribunal de Cuentas bonaerense es el organismo que ejerce el control externo sobre la administración de los recursos públicos de la provincia de Buenos Aires. Entre sus facultades se destacan la de examinar los libros de contabilidad y la documentación de las dependencias públicas provinciales o comunales, o realizar arqueos de caja. Y puede aplicar distintos clases de sanciones: llamado de atención, amonestaciones, cargos pecuniarios o multas.
Los fallos son comunicados al fiscal de Estado de la Provincia. «Si alguien no está de acuerdo, puede presentar un recurso ante el HTC o incluso puede judicializar el caso ante el fuero Contencioso. En general, la enorme mayoría de los fallos se pagan», dicen en el Tribunal.
Los incumplimientos, en la mayoría de los casos, representan montos menores respecto al total de los presupuestos aprobados. Pero no dejan de ser irregularidades. Infobae relevó los fallos de este año, que examinaron todas las rendiciones de cuentas del 2016.
En el caso de La Plata, la capital provincial, el Tribunal sancionó a los funcionarios municipales por la contratación irregular de artistas para espectáculos culturales. El fallo dice que no estaban justificadas. Algo similar ocurrió en el manejo de las cajas chicas, donde se objetaron desde la limpieza de un ambo hasta la compra de «Minions, Minnie y Sapo Pepe». «Han de tenerse por no justificados visto que no se ha demostrado el destino de los elementos adquiridos o de los servicios abonados, lo que impide corroborar que la inversión de tales fondos haya respondido al desarrollo normal de las actividades de cada Secretaría, o a la satisfacción de una necesidad de la comunidad», explica el fallo sobre las cuentas platenses.
En General Pueyrredón, gobernado por Carlos Fernando Arroyo (Cambiemos), el fallo apunta a otro rubro sensible: las cámaras de vigilancia. El tribunal decidió aplicar un cargo de más de 12 millones de pesos porque la empresa elegida, Global View, no cumplió con la colocación de las cámaras exigidas en el contrato.
