El Gobierno se amparó en la Ley N° 23.696, que establece que para proceder a la venta de las empresas estatales, se deben previamente declarar “sujetas a privatización” por el Poder Ejecutivo.
Asimismo, fundamentaron la decisión remitiendo al Decreto N° 70/23, con el cual «se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal y administrativa».
En base a eso, sostuvieron que el Tesoro Nacional «no se encuentra en condiciones de mantener una empresa altamente deficitaria a través del aporte de cientos de millones de pesos que provienen del esfuerzo de los habitantes de la República Argentina».
El Gobierno avanza con la privatización de Aerolíneas Argentinas
Entre los motivos que aduce el Gobierno en el decreto, señalan que el Tesoro Nacional «no se encuentra en condiciones de mantener una empresa altamente deficitaria a través del aporte de cientos de millones de pesos que provienen del esfuerzo de los habitantes de la REPÚBLICA ARGENTINA».
Además, argumentan que «la privatización de la compañía y su funcionamiento en condiciones de mercado permitirán una mejor prestación del servicio, el cuidado de las arcas públicas y, principalmente, que los argentinos dejen de financiar el déficit de una compañía ineficiente».
En esa línea, sostienen que el Estado tiene como objetivo «destinar los limitados recursos fiscales a atender las necesidades de los que menos tienen», en un contexto en el cual «la pobreza alcanza al CINCUENTA Y DOS COMA NUEVE POR CIENTO (52,9 %) de la población y la indigencia al DIECIOCHO COMA UNO POR CIENTO (18,1 %)».
Con la publicación del decreto, el Gobierno se pone así por encima de los proyectos presentados por el PRO y la UCR. El primero fue presentado por el diputado Hernán Lombardi y también declara a la empresa “sujeta a privatización” en los términos y con los efectos previstos en la Ley 23.696. Además, autoriza al Poder Ejecutivo a “establecer el marco legal y llevar adelante el procedimiento para instrumentar el proceso de privatización referido en el artículo 1°”.
La otra iniciativa la presentó el jefe del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López. Este texto precisa que al privatizar la firma se contemplen la Ley 23.696 y sus modificatorias, “debiendo cumplir, a tales efectos, con las prescripciones que surgen de dicha norma y las establecidas por los artículos 11 a 14 de la Ley 27.742”, de Bases y Puntos de Partida para los Argentinos.
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