La pelea entre Tamara Báez y L-Gante ya no se limita a las redes sociales. En medio de la gran repercusión que tuvo su separación y la filtración de un chat que dejó al descubierto las amenazas que recibió de su ex, la influencer tomó la decisión de denunciarlo en la Justicia por violencia económica, maltratos y acoso.
Juan Pablo Merlo, abogado de la mamá de Jamaica, fue quien confirmó estas acusaciones y adelantó que la batalla seguirá por la vía judicial. Según el letrado, su defendida está atemorizada porque el referente de la cumbia 420 controla cada uno de sus movimientos en el country donde viven. Además, dijo que no le pasa el dinero suficiente para la manutención de la hija que tienen común.
Por otra parte, el representante legal aseguró que Báez va a pedir una restricción perimetral para el intérprete de “Perrito malvado”. “No puedo contar nada más porque ella no me autorizó y quiere conservar su perfil bajo”, sostuvo en diálogo con A la Tarde (América).
Merlo dijo que Báez está muy afligida por el supuesto affaire entre el músico y Wanda Nara. “Ella puso todo lo que está en su alcance para preservar a su familia. Ella trata de respetar al papá de su hija, por eso no habla. (…) Y sí, le duelen mucho estas cosas”, dijo sobre el coqueteo inesperado entre L-Gante y la mediática.
Uno de los focos del conflicto entre Tamara Báez y L-Gante es el dinero para la manutención de Jamaica, la hija que tienen en común. “Él debe pasar el 20% de sus ganancias, no creo que sean solamente 50 mil pesos”, indicó el abogado de la influencer en relación con la suma que el músico le habría dado a su defendida.
Báez, según el letrado, estaría asumiendo prácticamente todos los gastos de la bebé. Su fuente de ingreso sería exclusivamente todo lo que consigue por su actividad en las redes sociales.
Ante esta denuncia que formuló Merlo al aire del programa de espectáculos, Alejandro Cipolla, abogado de L-Gante, decidió salir al aire y explicó por qué el artista no le pasa más dinero a la madre de su hija. “Todavía me tienen que pasar los gastos de la menor”, advirtió el letrado. Y agregó: “Ella tiene un alquiler pago en un barrio privado, que por mes debe costar entre 180 y 200 mil pesos”.
“Ahora me entero de que Elián está denunciado penalmente, no sé por qué delito, y el reclamo de alimento. La división de bienes no corresponde porque ellos no estaban casados. Lo que tienen es una unión convivencial que, según la jurisprudencia, lo único que hace es que, por el plazo de doce meses, él le deba dar una compensación económica”, añadió. Además, dijo que el tema ya fue judicializado y eso impide avanzar con una negociación.
Fuente: tn
