«El Grupo de Trabajo ha recibido información relacionada con desapariciones de niños, niñas y adolescentes tras su estadía en centros de protección estatales, así como (sobre) desapariciones de mujeres y niñas posiblemente relacionadas con situaciones de explotación sexual y trata», dice en su informe sin especificar casos.
Denunció igualmente la existencia de «un clima de estigmatización y una ausencia de medidas preventivas, mecanismos de búsqueda y políticas dirigidas específicamente a este grupo de personas y a la investigación eficaz de estos casos», así como una falta de acceso a la justicia de Uruguay por parte de los familiares de las víctimas.
Llamado de atención por las desapariciones en la dictadura
Respecto a las desapariciones de personas durante la dictadura destacó la falta de avances en el esclarecimiento de la verdad sobre lo sucedido con las personas desaparecidas y el castigo a los culpables de los hechos.
«Es imperativo que el Estado asuma su responsabilidad y revierta inmediatamente» ese estado de cosas, indicó en sus observaciones preliminares.
De acuerdo a organizaciones de defensa de los derechos humanos, más de 200 ciudadanos uruguayos desaparecieron tanto en Uruguay como en países vecinos en el marco del llamado Plan Cóndor de coordinación entre fuerzas represivas de las dictaduras de la región.
«Es urgente una política de Estado que rompa el silencio y contribuya a mejorar la recolección de información tanto de fuentes humanas como documentales», subrayó la delegación, llamando a un acceso irrestricto a los archivos oficiales.
Saludó por otra parte «la valentía y la lucha incansable de las víctimas, sus familiares y sus representantes por encontrar a las personas desaparecidas, asegurar la justicia y luchar contra la impunidad», así como la labor realizada por la Institución Nacional de Derechos Humanos.
La misión presentará sus conclusiones finales ante la 54 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en septiembre de 2023 en Ginebra.
