Las figuras del espectáculo se expresaron en sus redes sociales antes de que se debata la Ley de Tierras este jueves 6 de agosto en el Congreso de la Nación.
Tini Stoessel fue una de las artistas que compartieron publicaciones en sus respectivos perfiles oficiales a horas de que se debata el proyecto. “La patria no se vende”, escribió la cantante junto a una imagen en la que aparece la bandera argentina.
Otras de las figuras que les hablaron a sus seguidores fue Lali Espósito, quien a través de un video en sus redes convocó a movilizarse este 6 de agosto frente al Congreso.
“El jueves en la Plaza, para defender nuestra tierra, el agua y nuestros recursos estratégicos. Es muy importante que todos estemos ahí”, manifestó la artista.
Por otro lado, Juana Molina también habló públicamente sobre el tema y expresó: “Tratemos de dejar las diferencias aparte. Muchas veces la gente se preocupa más por quién dice las cosas que por escuchar qué se está diciendo. Acá me parece que no importa para nada quién gestionó la idea. No importa. Lo importante es que no se haga”.
Mientras Milo J y Trueno interpretaban “Tierra Zanta” en el escenario del Central Park de Nueva York, el cantante Dillom mostró una bandera argentina con la frase “la patria no se vende” junto a la fecha del 6 de agosto.
Emilia Mernes fue otras de las figuras que se sumó al debate. Por su parte, la artista publicó un video de Amnistía Internacional en el que se expresaba: “Defender la tierra es defender los derechos humanos”.
Las claves de los cambios en la Ley de Tierras que el oficialismo acordó con los bloques aliados para buscar su media sanción en el Senado
Previo a la presentación oficial de los cambios TN accedió al borrador de la iniciativa con los cambios acordados entre La Libertad Avanza y bloques aliados de la Cámara Alta, con el objetivo de destrabar el debate y lograr aprobarlo en el recinto.
Desde el oficialismo adelantaron que se trata de cambios “para fortalecer el texto” y para que todos los legisladores que voten por su aprobación “puedan entenderse representados” por las variaciones en el texto.
- La principal modificación es que eleva los límites a la venta de tierras rurales en manos de extranjeros -que hoy es del 15%- al 25%. Ese porcentaje es una marcha atrás del plan inicial del Gobierno, que eliminaba ese límite.
- El borrador determina que la compra de tierras rurales de parte de personas humanas o jurídicas extranjeras “deberá ser inscripta en el registro inmobiliario de cada provincia consignando en un asiento especial los datos y la nacionalidad del adquirente”. Aclara que “en el caso de las empresas con participación estatal extranjera debe adjuntarse la autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y la del Poder Ejecutivo Nacional”.
- Además, las provincias, como dueñas de sus recursos naturales, de acuerdo a la reforma constitucional de 1994, tendrán la facultad de autorizar, regular o vetar las ventas de parcelas a extranjeros dentro de su jurisdicción.
- El borrador determina que cada provincia conservará “la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites y ejercen el dominio originario de los recursos naturales existentes en sus respectivos territorios de conformidad con los artículos 121 y 124 de la Constitución Nacional” y que “podrá establecer la normativa aplicable a tal efecto”.
- El Estado nacional mantendrá la responsabilidad de la protección de las zonas de fronteras y áreas consideradas clave para la seguridad nacional.
- Determina que la compra de inmuebles rurales ubicados en zonas de seguridad de frontera por extranjeros “deberá contar con la autorización de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional” y que el PEN “comprenderá en las materias no delegadas, sobre seguridad nacional, objetivos estratégicos y defensa nacional”.
- En cuanto a las expropiaciones determina que pueden ser objeto “los bienes convenientes o necesarios para la satisfacción de la ‘utilidad pública’, cualquiera sea su naturaleza jurídica, pertenezcan al dominio público o al dominio privado, sean cosas o no”.
- Aclara que la declaración de utilidad pública “será de interpretación restrictiva y deberá identificar en forma específica y concreta el fin perseguido”, y que la expropiación “deberá ser idónea, necesaria y proporcional para alcanzarlo”.
- Explica que la indemnización “sólo comprenderá el valor objetivo del bien, tomando el valor de mercado siempre que sea determinado o determinable y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación”.
- La indemnización incluirá “el lucro cesante cuando sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación” y que en ningún caso, por lucro cesante, excederá “el 30% del valor del daño emergente, salvo que el expropiado demuestre fehacientemente una afectación superior”.
Fuente TN
