En 2012, los anteojos inteligentes de Google aparecieron en el mercado y generaron preocupación por su capacidad para tomar fotos y grabar videos con discreción. Casi 15 años después, dispositivos similares vuelven a quedar en el centro de la polémica por sus funciones de grabación. Esta vez, el foco está puesto en las gafas inteligentes de Meta.
“La venta de las gafas de Meta es un delito”, dijo el demandante
En la presentación judicial, HateAid señaló que la comercialización de los anteojos inteligentes de Meta constituye un delito debido a sus funciones de grabación encubierta. Según informó Engadget, la denuncia va dirigida a la compañía de Palo Alto, California, a sus socios fabricantes y a minoristas que venden el producto.
Meta se ha convertido en una referencia en este segmento del negocio tecnológico, en buena medida gracias a sociedades con marcas de anteojos como Ray-Ban y Oakley. Los dispositivos de vestir incluyen una cámara sobre una de las patillas, que permite sacar fotos y grabar clips. Cuando eso ocurre, se enciende una luz LED que sirve como indicador de actividad.

La organización alemana solicitó que se establezcan restricciones sobre dónde pueden grabar las cámaras de este tipo de dispositivos, tal como ocurre con otras que se comercializan en el mercado.
La respuesta de Meta: “Las gafas se diseñaron con medidas de protección”
En diálogo con la publicación Politico, un vocero de la empresa estadounidense dijo que los smartglasses que fabrican y comercializan fueron diseñados con medidas de protección de la privacidad, mejores a las que ofrecen los smartphones.
El representante de Meta explicó que además del mencionado indicador luminoso, sus dispositivos tienen un software que detecta si el LED fue manipulado o simplemente obstruido, por ejemplo con una cinta encima.
A mediados de este año, reflotó la polémica en torno a los anteojos inteligentes y sus cámaras luego de la publicación de un informe que reveló que empresas ofrecen un servicio que desactiva el indicador luminoso a cambio de una tarifa que va de los 50 a los 100 dólares.
La trama fue revelada por la experiodista de The Wall Street Journal, Joanna Stern, quien dio cuenta del crecimiento de una comunidad de modding —que en el ámbito del hardware consiste en realizar modificaciones o personalizaciones a los productos—, en este caso para alterar el funcionamiento de la cámara de las Meta Ray-Ban.
¿Cómo lo hacen? Tal como contamos en TN Tecno, los técnicos meten mano en el wearable y consiguen que capture videos o fotos sin que se encienda el LED. Así, las personas que rodean al usuario no se enteran si los están grabado y las gafas se vuelven ideales para el espionaje.
Las gafas de Meta (y de otras marcas) ya habían sido criticadas
La demanda presentada en Alemania no es la primera que cuestionan a los anteojos inteligentes de la compañía californiana, más conocida por redes sociales y aplicaciones como Instagram, Facebook, WhatsApp y Threads.

En abril, una colisión conformada por más de 70 organizaciones de derechos civiles envió una carta a Mark Zuckerberg, CEO del conglomerado tecnológico, instando a que detenga un plan que se ha divulgado que contemplaba la inclusión de reconocimiento facial en las gafas. El grupo señaló que la incorporación de esa función en los dispositivos empoderará a los acosadores, depredadores sexuales y otros delincuentes.
“Deberíamos poder llevar una vida normal sin temor a que acosadores, estafadores, abusadores, agentes federales y todo el espectro político verifiquen silenciosa e invisiblemente nuestras identidades y potencialmente las comparen con una gran cantidad de datos fácilmente disponibles sobre hábitos, aficiones, relaciones, salud y comportamientos”, dijeron.
En junio, legisladores en Pensilvania, Estados Unidos, presentaron un proyecto de ley para regular el uso de anteojos inteligentes y evitar las grabaciones no consentidas.
En un memorando, el demócrata Joe Ciresi propuso que todos los smartglasses cuenten con un indicador luminoso que se active cuando la cámara esté encendida. El objetivo es que ese componente deba ser incluido por ley, es decir, que sea obligatorio y que no pueda ser modificado.
Fuente TN

