El fallo dictado por la jueza de Lomas de Zamora Marta Elba Pascual, que frenó de manera temporal la aplicación de la ley procesal vinculada al fuero de responsabilidad penal juvenil en territorio bonaerense, profundizó la tensión institucional dentro de los tribunales provinciales.
La respuesta jurídica no tardó en manifestarse desde el conurbano oeste, donde el Juzgado de Garantías del Joven de Moreno-General Rodríguez, encabezado por la doctora Mirta Guarino, emitió una resolución en la que desestima el alcance de la medida cautelar y ratifica la plena vigencia de la normativa en su jurisdicción.
En los fundamentos de su decisorio, la magistrada enfatizó que la escasez de recursos físicos, las falencias edilicias o las restricciones presupuestarias denunciadas por los gremios y distintos operadores judiciales no constituyen argumentos jurídicos válidos para suspender la aplicación de una ley emanada del poder legislativo.
Para el tribunal con asiento en Moreno, las falencias estructurales del Estado no derogan las leyes vigentes, sino que generan una exigencia imperativa e indelegable para que los poderes Ejecutivo y Judicial arbitren los medios necesarios a fin de garantizar su cumplimiento efectivo.
Este contrapunto jurisdiccional pone de relieve la profunda división que atraviesa a la magistratura bonaerense frente a la implementación de las reformas procesales en materia de minoridad y seguridad, un debate que combina la urgencia operativa de los tribunales con los estándares constitucionales de protección integral de derechos.
Fuente: noticias argentinas
