El gobierno de Javier Milei incorporó una serie de modificaciones al proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, tras las advertencias de Estados Unidos sobre el impacto que las sanciones originales podían tener sobre sus empresas, y en un intento por conseguir las firmas necesarias para avanzar con un dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados. El plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Culto, y Legislación Penal fue convocado para este martes 27 de octubre a las 16, aunque existen versiones de que podría modificarse porque al oficialismo aún le cuesta reunir las firmas necesarias.
El texto original, que según aseguran fue impulsado por el asesor presidencial Santiago Caputo, preveía un esquema de sanciones para empresas y Estados extranjeros que exploten de forma ilegal recursos argentinos en las Islas Malvinas. El viernes previo al plenario, el presidente Milei recibió en la Casa Rosada al subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau. Durante ese encuentro, la administración estadounidense advirtió sobre las posibles consecuencias que las sanciones del primer capítulo del proyecto podían generar para sus empresas.
Como resultado de esas gestiones, el Gobierno aceptó limitar las sanciones a quienes ejecuten negocios ilegales dentro del territorio argentino en carácter de operadoras directas, licenciatarias, proveedores de estas y accionistas directos de los proyectos. De esta forma, quedan eximidos de responsabilidad los fondos de inversión indirectos que tengan algún tipo de participación en las empresas explotadoras. “Había que poner un corte, porque si no el proceso jurídico iba a ser eterno y hasta podía llegar a complicar intereses de empresas nacionales”, justificó un funcionario al tanto de los cambios.
Para garantizar el respaldo de los bloques aliados, el Ejecutivo aceptó conformar una Comisión Bicameral de Seguimiento dentro del Congreso, facultada para auditar las decisiones y procesos del Consejo, de manera similar a la bicameral que controla a la Secretaría de Inteligencia de Estado. La propuesta había sido impulsada por el diputado Eduardo Falcone, del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), para garantizar la participación del Parlamento en el control del nuevo organismo, que estará integrado únicamente por miembros del Poder Ejecutivo. Según el cambio anunciado, el Ejecutivo deberá informar a la bicameral, dentro de las 48 horas, las medidas de seguridad que adopte el Consejo.
Otro de los puntos modificados es el artículo que sanciona con penas de cinco a doce años de prisión a quienes, por cuenta, orden o financiamiento de un Estado extranjero, alteren procesos electorales o manipulen la opinión pública. La nueva redacción excluye de manera expresa al periodismo, la investigación académica, la actividad diplomática y la representación abierta de intereses.
El cambio respondió a los pedidos de sectores cercanos al Gobierno, como la Unión Cívica Radical (UCR), y a los cuestionamientos de Unión por la Patria, entre ellos los planteados por la diputada bonaerense Agustina Propato. A su vez, se incorporó al Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, como miembro permanente del Consejo de Seguridad Nacional, y se precisaron las competencias de la Prefectura Naval y el Comando Conjunto Marítimo, aunque sin establecer una regla de intervención primaria y subsidiaria entre ambas fuerzas.
Dividir el proyecto
Pese a las concesiones, persiste el reclamo de Unión por la Patria y de legisladores de Provincias Unidas, que vienen pidiendo separar el proyecto en dos tramos: por un lado, las disposiciones vinculadas con Malvinas y la defensa de la soberanía; por otro, las reformas a los sistemas de inteligencia, defensa, seguridad interior, protección de infraestructura crítica y los delitos de desinformación. El oficialismo, en cambio, defiende su tratamiento conjunto bajo el expediente 0010-PE-2026.
El plenario de este martes será la instancia decisiva para determinar si La Libertad Avanza reúne las firmas necesarias para un dictamen de mayoría y avanzar hacia el recinto, o si el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Carlos Zapata, debe convocar a un nuevo encuentro, lo que implicaría una nueva pérdida de impulso político para la iniciativa.
Fuente Infobae
