La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó a la Secretaría de Trabajo expedir una certificación provisoria de las autoridades de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), lideradas por Luis Barrionuevo, que resultaron elegidas en las elecciones del 29 de diciembre pasado.
Las internas sindicales en la UTHGRA alcanzaron un punto crítico desde septiembre de 2025, cuando la Sala VI de la Cámara había suspendido las elecciones que debían realizarse ese mes y luego habilitó un nuevo comicio para diciembre. Finalizada la votación, que se hizo el 29 de diciembre de 2025, la Junta Electoral Central proclamó como ganadora a la Lista Celeste 17 de Octubre, encabezada por Barrionuevo, con 121.334 votos.
Este contexto llevó al sindicato a presentar una acción de amparo exigiendo a la Secretaría de Trabajo la expedición de los certificados que oficializan a las nuevas autoridades. En forma paralela, otros trámites relevantes de la UTHGRA –como, por ejemplo, la rúbrica de libros y la homologación de acuerdos paritarios– quedaron inmovilizados ante la falta de reconocimiento oficial, lo que impactó tanto en la vida institucional de la entidad como en los salarios de los trabajadores involucrados.
Según surge de la resolución, el primer juez de la causa había rechazado la solicitud de medida cautelar, argumentando que seguía pendiente un recurso de inconstitucionalidad elevado ante el Tribunal Superior de Justicia, por lo que no se cumplían los requisitos legales para autorizar una decisión provisoria.
Sin embargo, la Sala VI de la Cámara de Apelaciones del Trabajo entendió que ese planteo no tiene efecto suspensivo automático y que, de hecho, los comicios celebrados y sus resultados ya fueron ejecutados e incluso reconocidos por la propia Junta Electoral. Para la Cámara, “exigir que el recurso esté resuelto de modo favorable al actor importa requerir la firmeza de una decisión que ya produce efectos”, por lo cual añadir ese requisito constituye un exceso.
En su argumentación, la jueza Marina Pisacco, una de las camaristas, enfatizó que la modificación del artículo 56 de la Ley de Asociaciones Sindicales, incorporada por el decreto 342/25, no afecta la obligación del Ministerio de registrar a las autoridades electas. Sostuvo que las personas jurídicas requieren de representantes reconocidos oficialmente para operar y que la autoridad administrativa debe mantener vigente el registro de las organizaciones sindicales y sus autoridades.
La sentencia subraya dos elementos: por un lado, la existencia del “fumus bonis iuris” (presunción fundada de derecho) y, por otro, el “peligro en la demora”, dados los obstáculos actuales para la actividad de la UTHGRA y la homologación de acuerdos salariales. “El perjuicio, así, se proyecta sobre el funcionamiento institucional del sindicato y sobre los salarios de los trabajadores comprendidos en esos acuerdos, de modo que no resulta susceptible de reparación ulterior”, advierte el fallo.
La Cámara remarca también el carácter reversible de la medida cautelar: la certificación es provisional y, en caso de un eventual revés judicial, puede ser anulada sin consecuencias permanentes. “La finalidad del proceso cautelar consiste en asegurar la eficacia práctica de la sentencia y que la fundabilidad de la pretensión… no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo, sino de un análisis de mera probabilidad”, señala.
La jueza Gabriela Vázquez, la otra integrante de la Sala VI, se sumó al fallo, aclarando que su intervención en casos sindicales previos no la inhabilita para decidir en éste, ya que no prejuzgó sobre las cuestiones de fondo y la ley de amparo impide recusaciones sin causa.
Por decisión unánime, la Cámara instruyó al Ministerio de Capital Humano, del que depende la Secretaría de Trabajo, a expedir en 5 días la certificación provisoria de los dirigentes de la UTHGRA elegidos en diciembre, limitando sus efectos estrictamente a ese acto y preservando el debate de fondo para otra etapa procesal.
Fuente Infobae
