Avanza el caso de «La Madame» en Colombia: las tarifas que cobraba por sexo y «servicios adicionales»

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Liliana del Carmen Campos Puello, más conocida como «La Madame», está presa en el penal de San Diego, en Cartagena, Colombia, a la espera de que la Fiscalía radique el escrito de acusación en su contra por los delitos de inducción a la prostitución, trata de personas y concierto para delinquir.

Sus tres compañeras de celda cuentan que «La Madame» está triste y preocupada por sus hijos mientras aguarda la decisión de la Justicia colombiana.

Quedaron atrás los días en lujosos yates y extravagantes fiestas en fincas. También es parte del pasado su acumulación de dinero y poder. Campos Puello tenía mucho dinero y poder. Ahora su realidad es otra. Vive en un centro penitenciario caliente en el centro de Cartagena y lucha por sobrevivir en condiciones que nunca hubiera imaginado.

La Fiscalía, la Policía y Migración Colombia trabajaron durante medio año para golpear al proxenetismo en Cartagena. Con total reserva y personal en su mayoría proveniente de Bogotá, recuerda El Espectador, los investigadores se infiltraron en las redes de delitos sexuales en la ciudad y se concentraron en cuatro pesquisas que ya dieron resultados: una de ellas es la que tiene como protagonista a Liliana del Carmen Campos Puello.

El ente investigador tiene elementos probatorios, como interceptaciones telefónicas, seguimientos y fotografías, con los que quiere demostrar la responsabilidad de esta mujer. El Espectador conoció nuevos detalles de cómo operaba la empresa de Campos Puello, pero las idas y vueltas del caso son una constante.

El periódico colombiano recuerda que la indagación comenzó el pasado 25 de mayo, cuando un hombre se la mencionó a un investigador infiltrado en Playa Hollywood, donde es común que los vendedores ambulantes, con catálogo en mano de mujeres menores y adultas, ofrezcan servicios sexuales a los turistas.

Ese individuo señaló que Liliana Campos ofrecía paquetes turísticos que incluían sexo en yates y casas de lujo y proporcionó su número de teléfono.

Con el teléfono en mano, los investigadores «pincharon» el celular de «La Madame» y empezaron a escuchar sus conversaciones. Allí quedó claro que sus «chicas» trabajaban por tiempos y se supo cuáles era las tarifas.

Por tres horas, cobraba 500 mil pesos colombianos (162 dólares); por seis horas (dos relaciones sexuales), 700 mil pesos (226 dólares); por 12 horas (cuatro relaciones sexuales), 900 mil pesos (291 dólares); y por 24 horas, 1.200.000 pesos (388 dólares), con derecho a las relaciones sexuales que quisiera.

«La Madame» se quedaba con una comisión y pagaba después a las prostitutas en su apartamento.

La familia de «La Madame», también involucrada

Liliana del Carmen Campos no era la única que manejaba la organización dado que contaba con el apoyo de algunos de sus familiares.

Su padre, Carlos Campos; y su cuñado, Willi, eran las personas que se encargaban de atender las necesidades de las mujeres. Ambos vivían en un apartamento que se conectaba con una de las casas en el sector de Manga.

Las jóvenes no tenían permitido salir con llaves de la vivienda, debían pagarle a Campos Puello una cuota de «alquiler» semanal y si alguna de ellas cuadraba negocios con otro proxeneta que no fuera «La Madame», tenía que pagar una multa.

El Espectador consignó que en otra de las llamadas interceptadas a «La Madame» se escuchó a un sujeto que la alertó de que las autoridades la estaban siguiendo y que tuviera cuidado, pero ella creyó que se trataba de una extorsión.

Otros servicios

«La Madame» ofrecía servicios adicionales a los sexuales. Se encargaba de organizar fiestas y gestionaba el transporte hacia las islas, la provisión de las drogas y la contratación de los capitanes de los yates.

En los grandes eventos, su grupo de prostitutas se paraba en una fila mientras los clientes señalaban con cuál de ellas querían pasar la noche. Quienes no eran escogidas debían abandonar el lugar.

«La Madame convertía a las mujeres en simples mercancías», dijo la Fiscalía General durante la audiencia en Cartagena, según recogió El Espectador.

Las autoridades colombianas tienen todas las pruebas sobre la mesa. Sin embargo, las idas y vueltas se suceden en un caso que tiene a toda Colombia y gran parte de la región en vilo.

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