En medio del escándalo por la mala calidad de la gasolina en Bolivia, el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, informó este jueves que al menos 6.657 personas iniciaron el trámite para el resarcimiento de daños mecánicos atribuibles al combustible, que será cubierto por el Estado.
El ministro también indicó que los vehículos que ya fueron reparados en talleres mecánicos podrán acceder al resarcimiento a través de un sistema habilitado parareportar los daños.
En ese marco, la estatal petrolera activó un seguro para resarcir los daños en los vehículos que puedan certificar haber sido afectados por la gasolina y se anunció que se incorporarán aditivos químicos —antioxidantes y detergentes— para evitar la degradación del combustible. Este procedimiento, sin embargo, está generando retrasos en la distribución y ha provocado desde el martes la reaparición de filas en los surtidores de las principales ciudades.
En medio de los reclamos, el vicepresidente de Operaciones de YPFB, Sebastián Daroca, señaló que el suministro se regularizará en “tres o cuatro días” y confirmó que el retraso está vinculado al operativo de incorporación de productos químicos. “No existe un fallo en las operaciones; existe simplemente una demora, producto justamente del procedimiento para colocar los aditivos”, manifestó en una entrevista en el canal Unitel.
Mientras se realizan ajustes técnicos, el presidente Rodrigo Paz denunció que el problema responde a un plan de “sabotaje” y dispuso el lunes la militarización de las plantas de YPFB en El Alto, Cochabamba y Santa Cruz con el objetivo de “defender” a la petrolera de “las mafias y de la corrupción”.
Sin embargo, a más de un mes de iniciado el problema, no se han presentado responsables ni se han explicado los mecanismos que se van a implementar para corregir la vulnerabilidad de la empresa más grande e importante del país.
Paz señaló que esta decisión de desplegar a las Fuerzas Armadas a las refinerías apunta a realizar un seguimiento en toda la cadena de producción y distribución para garantizar la trazabilidad de los combustibles.
En este contexto, el Gobierno aseguró que continuará con las investigaciones para determinar las causas exactas de la contaminación y establecer responsabilidades dentro de la cadena de producción y almacenamiento.
Fuente Infobae
