El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Federico López Alzogaray y la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Matilde O’Mill, celebraron un convenio de cooperación destinado a fortalecer los Juzgados de Paz y mejorar el acceso a la Justicia en las localidades más alejadas de la capital provincial.
El acuerdo, busca generar un Plan Progresivo de Conectividad y Fortalecimiento Tecnológico, que permitirá efectivizar las condiciones de conectividad y equipamiento de los Juzgados, identificando las localidades con mayores barreras territoriales de acceso al sistema judicial y establecer prioridades de intervención.
Asimismo, se prevé la incorporación progresiva de un «Kit Básico de Justicia de Proximidad», cuyo desarrollo se adaptará a las necesidades y disposiciones presupuestarias, buscando proveer equipamiento y herramientas que permitan a cada Juzgado acceder a una plataforma o sistema que facilite las operaciones y el acceso a justicia.
De esta forma, se procurará que cada uno de ellos funcione como punto de acceso digital a los servicios de Justicia, facilitando trámites, comunicaciones con organismos judiciales, acceso a información y, cuando corresponda, audiencias remotas.
Otro de los ejes planteados en este acuerdo es la capacitación permanente de quienes prestan funciones en los Juzgados de Paz, con contenidos vinculados a herramientas digitales, seguridad de la información, protección de datos, comunicación institucional y atención de personas en situación de vulnerabilidad, mecanismos de orientación y derivación y la capacidad de guiar a los solicitantes con un lenguaje claro.
En este marco, también se buscará la estructuración progresiva de una Red Territorial de Justicia de Proximidad, destinada a mejorar la comunicación y articulación entre los Juzgados de Paz y los distintos organismos del sistema de Justicia.
La implementación se realizará por etapas y estará acompañada por una Comisión de Implementación y Seguimiento, que tendrá entre sus funciones definir prioridades, establecer las etapas del plan, determinar las necesidades técnicas y evaluar anualmente los resultados.
Entre los indicadores previstos para medir el impacto se encuentran la cantidad de Juzgados de Paz conectados, la población alcanzada, la estabilidad de la conectividad, el número de agentes capacitados y la reducción de traslados hacia los Centros Judiciales.
