Corrupción K: la Justicia puso la mirada en Julio De Vido

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La Justicia puso en la mira al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, en las causas que tramitan los juzgados de Comodoro Py sobre casos graves de corrupción e irregularidades durante la década K. Es que hoy se conocieron una citación a declaración indagatoria, dispuesta por el juez federal Claudio Bonadio, y otro pedido que hizo el fiscal Federico Delgado para que el ex funcionario declare como imputado en la causa abierta por la compra de trenes inservibles a España y Portugal, por la que ya está preso Ricardo Jaime.

La situación más grave la enfrenta el ex ministro de Néstor y Cristina Kirchner en el caso de la tragedia de Once, en la que murieron 51 personas y por la que ya están condenados los subordinados del ex hombre fuerte del gobierno K, los ex secretarios de Transporte Jaime y Juan Pablo Schiavi. Al actual diputado se lo investiga por su responsabilidad política ante la falta de controles que hubo en torno al sistema ferroviario, que derivaron en una pésima calidad de servicio, el deterioro de la infraestructura y, finalmente, el horror del impacto en los andenes de Once del tren Sarmiento.

Bonadio citó a indagatoria el 21 de abril al ex ministro, luego de que el 19 y 20, respectivamente, cumplan también con ese trámite judicial Gustavo Simeonoff, quien fuera jefe de la UNIREN, la unidad de renegociación de contratos de servicios públicos, y la ex funcionaria de la órbita de Planificación Sivlia López.

En el caso de la tragedia de Once, De Vido se suma a una extensa lista de ex funcionarios que deberán declarar ante distintos tribunales de Comodoro Py durante abril. La encabeza la ex presidente Cristina Kirchner, que está citada para el 13 por la causa del negociado del dólar futuro, el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, y el ex titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, entre otros. La semana que viene también debería declarar Lázaro Báez, investigado en la denominada «ruta del dinero K».

Por otra parte, el fiscal Federico Delgado, que interviene en el caso que terminó con la detención de Ricardo Jaime y su testaferro Manuel Vázquez, pidió que De Vido sea citado a declarar, para indagar en las eventuales responsabilidades políticas en las maniobras de pagos ilegales –unos dos millones de euros que cobró el secretario de Transporte para comprar los trenes inservibles a España y Portugal.

En el mismo momento que el ex secretario de Transporte lo hacía responsable de todas las decisiones en materia ferroviaria, el fiscal federal Delgado pedía la indagatoria del ex ministro. «De Vido, como autoridad máxima del Ministerio de Planificación –y del que dependía la Secretaría de Transporte- no pudo haber desconocido esos pagos, ni las conductas que estaban llevando a cabo sus funcionarios», dijo el fiscal en su pedido de indagatoria al juez Julián Ercolini y al que accedió Infobae. Se trata de la reiteración del mismo pedido de indagatoria a De Vido que había hecho a mediados de 2013.

El fiscal responsabilizó a De Vido por los pagos en 2005 del «Plan Nacional de Reorganización, Recuperación y Modernización del Ferrocarril Nacional». Se trató de la compra de vagones a las empresas españolas RENFE y FEVE por 76.313.108.85 de euros y a la portuguesa Caminhos de Ferro Portugueses por 25.639.896.

La Auditoría General de la Nación (AGN) determinó que se pagaron sobreprecios por material que estaba en desuso. Jaime y su asesor Manuel Vázquez fueron detenidos y el ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi citado a indagatoria. El fiscal Delgado pidió lo mismo para De Vido.

Jaime declaró que desde 2008 De Vido era el responsable de la política ferroviaria y que junto con el entonces presidente Néstor Kirchner le dieron la orden de avanzar con la compra de los trenes a España y Portugal.

Al peor día judicial para De Vido se completó con la citación a indagatoria que le hizo el juez Claudio Bonadio en la causa por la tragedia ferroviaria de Once para el próximo 21 de abril.
Para el fiscal Delgado, De Vido «tuvo igual o más injerencia en la firma de acuerdos y contrataciones» que Jaime.

«Los pagos exorbitantes que ordenó Jaime a las empresas españolas y portuguesa por el material rodante adquirido (RENFE, FEVE, EE y Caminhos de Ferro Portugueses) estaban enmarcados en convenios de colaboración firmados por la Secretaría de Transporte dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación y esas empresas», detalló el fiscal.

Fueros

Si bien el juez tiene en la mira al ex ministro De Vido, su actual condición de diputado le garantiza, por el momento, que no correrá la misma suerte que Jaime. Al igual que el ex ministro y hoy diputado Axel Kicillof, De Vido goza de la inmunidad parlamentaria del artículo 69 de la Constitución Nacional, que dispone que los legisladores nacionales no pueden ser arrestados «desde el día de su elección hasta el de su cese» salvo en el caso de ser sorprendidos in fraganti en la ejecución de algún crimen. Para poder disponer su detención, el juez debería pedir su desafuero, algo que debería ser votado por dos tercios de la Cámara, de acuerdo con el artículo 70 de la Carta Magna.

No obstante, si bien los legisladores no pueden ser encarcelados durante su mandato, nada impide que el proceso judicial que los involucre siga su cauce. Para ello, el juez puede llamar a indagatoria a los legisladores, pero éstos pueden negarse a concurrir, en cuyo caso el juez puede pedir su desafuero, según dispone la Ley de Fueros, aprobada en el 2000. Según la ley 25.320, el accionar de los magistrados durante la investigación no podrá ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores «ni la intercepción de su correspondencia o comunicaciones telefónicas sin la autorización de la respectiva Cámara».

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