El macrismo pidió la destitución del camarista federal Eduardo Freiler

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El futuro del camarista federal Eduardo Freiler entró en la recta final: el macrismo pidió su destitución por presunto mal desempeño por no poder justificar sus gastos y nivel de vida con sus ingresos. En un escrito de 250 paginas, el diputado del PRO presentó este jueves el proyecto en el cual acusa al juez de cuatro cargos por los que pide su suspensión y envío a juicio político.

El proyecto será tratado el próximo lunes 29 de mayo en la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación, donde el oficialismo y sus aliados tienen una holgada mayoría para aprobarlo. Luego el tema pasará al plenario del cuerpo donde se definirá el futuro de Freiler, informaron a Infobae fuentes judiciales.

Para enviar a un juez a juicio político se necesitan los votos de nueve de los 13 integrantes del Consejo, el órgano encargado de la selección y acusación de jueces y conformado por macristas, kirchneristas, jueces y abogados. El macrismo tiene ocho.

Tonelli, el consejero a cargo de la investigación contra Freiler, acusó al juez de cuatro cargos: falsear y omitir datos en sus declaraciones juradas, un incremento patrimonial que no se condice con sus ingresos, incumplimientos fiscales y tomarse licencia sin la debida autorización.

La destitución de Freiler es uno de los objetivos del gobierno de Mauricio Macri sobre la Justicia federal desde que asumió en diciembre de 2015. La cercanía del juez con el kirchnerismo y sus fallos favorables hacia ex miembros del anterior gobierno son el motivo político detrás de la acusación, reconocen los macristas off the record.

«Hay un dispositivo de disciplinamiento para que ningún juez levante voces altisonantes», dijo Freiler cuando se defendió a mediados de abril en el Consejo y citó como ejemplos la causa «Hotesur» y la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman. En la primera, votó por apartar del caso al juez Claudio Bonadio por violar el derecho de las defensas pocos días después que hizo procedimientos en Santa Cruz. En la segunda, confirmó la desestimación de la denuncia.

Freiler dijo en su defensa que hay «notables errores investigativos y normativos» en la acusación en su contra, como la objeción de pagar 35 mil pesos por mes por el celular de su padre cuando en rigor eran 350 o tomarse licencia dos días que eran feriados o hacer un viaje a París por un seminario de derechos humanos sin autorización cuando se la había dado el propio Consejo. «Cenamos juntos, lloramos juntos en los campos de concentración», le dijo al consejero Leónidas Moldes. Todo eso fue retirado de la acusación.

El camarista no habló sobre su patrimonio y dijo que todo lo contestaba en el escrito. Pero en el Consejo las explicaciones no bastaron y la acusación central del pedido de juicio político se basa en que el juez no puede justificar sus gastos.

Para el Consejo, Freiler no puede justificar cerca de seis millones de pesos entre lo que cobró y gastó entre el 1º de enero de 2012 y el 31 de octubre de 2016.

Una de las acusaciones es porque no declaró un vehículo arenero y cuatro cuatriciclos cuando su ex esposa sí lo había hecho a nombre de ambos; también porque no declaró siete terrenos en Necochea -donde nació– y por una diferencia de 8.516.25 de pesos entre la valuación oficial y lo que pagó por su casa de 1.200 metros cuadrados frente a la quinta presidencial de Olivos.

Freiler sostiene que la acusación es ilegal porque ya tuvo una causa penal por enriquecimiento ilícito que fue desestimada por el fiscal federal Ramiro González. El expediente fue reabierto por la Cámara Federal.

El proyecto que presentó Tonelli contra Freiler fue consensuado con otros consejeros. «La idea fue que quienes estaban interesados puedan tener su opinión para que los detalles ya estén saldados», le dijo a este medio una fuente del Consejo que trabajó en el dictamen.

La acusación contra Freiler será tratada por primera vez el próximo lunes 29 cuando se reúna la Comisión de Disciplina y Acusación, que preside Tonelli. El tema está en el orden del día y en la Comisión el macrismo y sus aliados tiene a siete de sus nueve integrantes. Se aprobará sin dificultades.

Luego pasará al plenario del Consejo, donde se definirá la acusación. Para suspender a un juez y enviarlo a juicio político se necesitan los dos tercios de los votos: nueve de los 13 consejeros.

El bloque del oficialismo y sus aliados son Tonelli, el representante del Poder Ejecutivo, Juan Mahiques, los radicales Gustavo Valdés (diputado) y Angel Rozas (senador), los abogados Adriana Donato y Miguel Piedecasas y los jueces Luis María Cabral y Moldes.

Se trata de un bloque compacto que no tuvo disidencias en votaciones claves, inclusive en algunas en las que sus integrantes objetaron por lo bajo lo que tenían que aprobar, como la designación en la Cámara Federal de Casación Penal del juez Carlos Mahiques, ex ministro de la gobernadora María Eugenia Vida y padre del hombre del gobierno en el Consejo.

El resto de los integrantes son los kirchneristas Rodolfo Tailhade (diputado), Virginia García y Ruperto Godoy (ambos senadores), la jueza Gabriela Vázquez y el representante de los académicos Jorge Candis.

Las miradas para el noveno voto apuntan a Candis. Aliado del kirchnerismo en el Consejo hasta la salida del gobierno de Cristina Kirchner, Candis se alejó del bloque por diferencias con Tailhade y acompañó al macrismo en decisiones importantes como la designación de Donato como presidente del Consejo.

La fecha del próximo plenario se definirá esta semana cuando Donato, como presidenta del Consejo, reúna a la comisión de labor para fijar el día. Con seguridad, confían en el Consejo, será dentro de los próximos 15 días. Inclusive, algunos creen que puede ser la próxima semana porque el último plenario fue a principio de mayo -el 4– y desde entonces los consejeros no se volvieron a reunir.

«Si el tema tarda en llegar al plenario es porque todavía no están los votos», confía un consejero que conoce cómo se mueven los casos en el organismo.

Si el plenario aprueba el juicio político contra Freiler, el juez quedará suspendido en su cargo por 180 días. El caso pasará al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que tendrá ese plazo para hacer el juicio.

El tribunal está integrado por siete miembros, entre jueces, abogados, diputados y senadores. Su tarea será resolver si hace lugar a la acusación y destituye a Freiler o si la rechaza y lo repone en su cargo.

El puesto de Freiler es clave para la política. La Cámara Federal revisa las causas de corrupción contra funcionarios públicos y en sus decisiones está la continuidad o no de una causa o si se confirma o se revoca un procesamiento.

Freiler integra la Sala I de la Cámara, llamada durante el kirchnerismo como «la Sala K», cuando la integró con Jorge Ballestero y Eduardo Farah, por los fallos a favor de sus funcionarios en algunas causas claves.

Farah renunció en julio del año pasado como subrogante en la Sala I por diferencias con sus colegas y fue reemplazado por Leopoldo Bruglia, un juez de tribunal oral que fue designado por la mayoría del macrismo en el Consejo. Ballestero también estuvo en la mira del macrismo. «Buscar la destitución de dos jueces de la misma no es una buena señal y además supo entender los cambios», dice un hombre del gobierno para explicar porque ahora todas las miradas están solo sobre Freiler.

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