Estado de excepción en Ecuador en medio de protestas por las medidas económicas del Gobierno

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El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, decretó este jueves estado de excepción luego de las fuertes protestas desatadas en varias ciudades ante las medidas económicas decretadas por el Ejecutivo ayer, entre las que se encuentran la suba del precio de los combustibles tras eliminar el subsidio o ayuda estatal. Anunció reformas laborales y tributarias que se presentarán al Parlamento, en el marco del acuerdo crediticio que mantiene con el Fondo Monetario Internacional y tras su retiro como miembro de la Organización de los Países Productores de Petróleo (OPEP).

Tras el anuncio, varias federaciones de transporte de Ecuador realizan un paro nacional de sus actividades en rechazo a la eliminación del subsidio a los combustibles, por parte del Estado, y su consiguiente liberación de precios.

Al paro se unieron las organizaciones que agrupan a taxistas, transporte de pasajeros, camiones, escolares, turismo, institucionales y grúas.

Lenin Moreno, presidente de Ecuador

La paralización de actividades y las manifestaciones se realizan en todo el país y ha afectado, en mayor medida, a las principales ciudades del territorio, como Quito, Guayaquil y Cuenca.

«He dispuesto el Estado de excepción para precautelar el orden, la seguridad ciudadana y con el fin de controlar a quienes pretenden provocar caos. No accederemos a chantajes y actuaremos acorde a la ley», escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

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Con el estado de excepción, el mandatario ecuatoriano puede disponer de las Fuerzas Armadas en las calles, así como cerrar puertos, aeropuertos y pasos fronterizos. También lo faculta a trasladar la sede de Gobierno a cualquier lugar del territorio y disponer censura previa en la información de los medios de comunicación social, con estricta relación a los motivos del estado de excepción y a la seguridad del Estado.

Desde el Palacio de Carondelet, en Quito, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó a medios locales que el estado de excepción durará por 60 días. 

«Es el deseo del Presidente y de todos los ecuatorianos, recuperar la calma cuanto antes, y recuperar el orden para volver a trabajar y a producir», dijo la ministra Romo.

Romo se refirió al estado de excepción decretado por el Ejecutivo como una decisión «difícil, pero necesaria».

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La paralización del transporte tiene lugar desde la medianoche del jueves y las clases han sido suspendidas en todo el país. A media mañana, el ambiente de las protestas subió de tono con la quema de gomas para bloquear calles y rutas en varias ciudades, con represión policial en la capital y el despliegue de militares en la sede del Gobierno, el palacio  de Carondelet, y con la detención de las primeras cinco personas por el delito de paralización de servicios públicos.

Horas más tarde, a las 13.30, el Ejecutivo anunció en una rueda de prensa el estado de excepción «para garantizar la seguridad» ante los «focos localizados» de violencia. La ola de movilizaciones responde al incremento del precio del diésel y gasolina extra, que se ha producido por la eliminación del subsidio estatal. La medida, con la que el Gobierno pretende ahorrar 1.400 millones de dólares anualmente, es parte de un paquete de ajustes anunciado por el presidente el martes por la noche. El nuevo precio comenzó a regir desde la medianoche de este jueves, así como la convocatoria de los transportistas de todo tipo a un paro nacional. Ni ómnibus internos, ni interprovinciales, ni grúas, ni rutas escolares ni taxis. El llamamiento hecho en un principio para este jueves, ya ha sido extendido por los representantes de los trabajadores de forma indefinida.

“Esta medida es indefinida. Espero que el presidente Moreno tome la decisión correcta. Sé que va a perjudicar al pueblo ecuatoriano esta suspensión pero exigimos nuestros derechos”, ha anunciado a través de las redes sociales, Abel Gómez, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Interprovincial de Pasajeros (Fenacotip). 

Ante la convocatoria, el Gobierno anunció en la noche del miércoles la suspensión de clases y envió un aviso ante un previsible recrudecimiento de las protestas. “La decisión tomada por el Gobierno es clave para el presente y futuro de Ecuador  y vamos a defenderla”, indicaba el comunicado oficial. “De ser necesario invocaremos las normas constitucionales y legales que prohíben la paralización de servicios públicos”, advertía el boletín de Presidencia.

La nafta extra ha pasado de costar 1,85 dólares por galón a 2,22, respectivamente. El diésel, habitual combustible del transporte de mercancías, estaba entre un dólar y 1,37 dólares, dependiendo del tipo, y ahora sube a casi el doble, con algo más de 2,10 dólares el galón.

El secretario particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, reiteró este jueves que la retirada de las ayudas estatales al consumo de combustible son inamovibles. Y aseguró que el Ejecutivo no aceptará “chantajes”.

“Ahora son los ecuatorianos quienes tienen que decidir qué país quieren. Si cedemos a los grupos que quieren chantajear al país, o si les jalamos para que ellos también empujen el carro con nosotros”, ha propuesto el Secretario, en una entrevista con la prensa local. El vicepresidente del país, Otto Sonnenholzner ya había pedido “comprensión” a los ecuatorianos una semana antes de anunciarse las medidas.

El Tribuno

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