La Constitución de Ecuador permite el uso de decretos y reglamentos para gobernar, dijo Lasso, e incluso poner proyectos de ley rechazados por los legisladores directamente a consideración de la población en una consulta popular.
Los legisladores se han negado a tramitar cinco propuestas importantes del gobierno, incluyendo reformas relacionadas con la seguridad y la educación superior, desde que Guillermo Lasso asumió el cargo en mayo.
Las relaciones entre el presidente y los legisladores se agriaron aún más el fin de semana, cuando Lasso solicitó a la fiscalía que investigue a cinco asambleístas y a un asesor del partido indígena Pachakutik por supuestamente buscar beneficios a cambio de su apoyo a la ley de inversiones.
Lasso busca atraer a Ecuador a miles de millones de dólares en inversiones en telecomunicaciones, energía, minería y petróleo, que, según él, son clave para enderezar las finanzas del país y crear durante su mandato los dos millones de empleos que prometió en campaña.
También ha prometido una reforma laboral, que se encuentra en un proceso de socialización con los sindicatos.
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