El caso se conoce días antes de unas elecciones legislativas claves para Macron, quien derrotó a la líder ultraderechista Marine Le Pen en el balotaje del 7 de mayo luego de que uno de los candidatos favoritos, el ex premier conservador Francois Fillon, se viera involucrado en un gran escándalo de corrupción.
El ministro de la Cohesión Territorial, Richard Ferrand, es objeto de múltiples críticas políticas después de que se supiera que en 2011, como responsable de la Seguridad Social de la región de Bretaña, supuestamente benefició a su mujer en una operación inmobiliaria.
Ferrand, quien niega haber cometido alguna irregularidad y ha rechazado llamados a renunciar, emitió hoy un comunicado en el que rebatió punto por punto denuncias en su contra publicadas por el diario Le Monde.
Además, el ministro recibió el respaldo del jefe de gobierno, Edouard Philippe, quien defendió su continuidad en el gabinete pese a las crecientes sospechas de nepotismo en sus anteriores cargos públicos.
En una entrevista con la televisión pública, Philippe señaló que entiende perfectamente y tiene plena consciencia de «la exasperación, la emoción y la irritación de los franceses», pero pese a ello cree que Ferrand puede continuar en su Ejecutivo.
Philippe sostuvo que todas las acciones pasadas de Ferrand están dentro de la legalidad, pero que esos «usos y comportamientos pasados ya no se aceptan hoy ni pueden ser tolerados, aunque no sean ilegales», en línea con la política de Macron de «moralización de la vida pública», informó la agencia de noticias EFE.
Y recordó que ha impuesto a sus ministros dos reglas claras: que quien sea imputado deba dimitir de inmediato y que sean ejemplares en el ejercicio de su cargo, incluido en sus vidas privadas.
También hoy, el diario Le Parisien reveló que la Justicia abrió una investigación para aclarar la situación de 19 eurodiputados de Francia, entre los que figura la actual ministra de Asuntos Europeos, la centrista Marielle de Sarnez, denunciados por haber empleado asistentes de forma irregular.
El periódico afirmó que la investigación preliminar fue lanzada el 22 de marzo por la Fiscalía de París sobre la base de la denuncia de la europarlamentaria Sophie Montel, del Frente Nacional (FN) de Le Pen, un partido que también es investigado por la justicia por esa misma causa desde el mes de diciembre.
Montel envió un correo al fiscal Francois Molins y a la oficina antifraude europea (OLAF) con una lista de 19 parlamentarios europeos franceses conservadores, de izquierda y ecologistas, así como otra de una treintena de asistentes que supuestamente desarrollaban funciones en los partidos de sus empleadores.
De esos nombres, Le Parisien publicó el de de Sarnez, quien fue eurodiputada desde 1999 hasta mediados del corriente mes, cuando asumió su actual cargo en el gabinete de Macron
Montel reprochó a la ahora ministra haber contratado como asistente, con dinero del Parlamento Europeo, a Philippine Laniesse, quien ejerce cargos electivos como miembro del partido de la ministra, el centrista Movimiento Democrático (MoDem).
Laniesse, de 26 años y que ahora se encarga de la comunicación para Sarnez en el departamento de Asuntos Europeos, es consejera de la región parisina, Ile-de-France, y concejal en el distrito XIX de París.
En reacción a las informaciones sobre la investigación que le concierne, la ministra anunció en su cuenta de Twitter que denuncia a Montel por «denuncia calumniosa».
Además, indicó en un comunicado que su joven asistente realizó «un trabajo asiduo conmigo en mi misión de parlamentaria europea» y en concreto que había hecho «informes de actividades» que se pueden consultar.
Asimismo, aseguró que la condición de Laniesse como representante municipal fue «declarada y verificada por el Parlamento Europeo», que también «validó y aprobó» su contrato, y todo ello conforme a unas «reglas europeas mucho más estrictas que las reglas en vigor en Francia».
Para la titular de Asuntos Europeos, la denuncia del ultraderechista FN es una «cortina de humo» para tratar de desviar la atención sobre los escándalos que persiguen a la formación ultraderechista y debilitar al gobierno de cara a las elecciones legislativas del 11 y 16 de junio, donde Macron buscará obtener una mayoría propia que le permita gobernar sin sobresaltos.
Desde finales de 2016, el FN es objeto de pesquisas ante la sospecha de que varios de sus eurodiputados contrataron con dinero de la Eurocámara a asistentes parlamentarios que, en realidad, trabajaban en la sede del partido en Nanterre, a las afueras de París.
En cualquier caso, las revelaciones sobre la ministra abren un nuevo frente para el gobierno en el terreno de la moralización de la política, que es uno de los objetivos de Macron, quien se comprometió a adoptar muy rápidamente una ley sobre esa cuestión.
Fuente: Telam
