El doctor Eduardo Llugdar brindó una conferencia magistral, en la que formuló un enfoque integral de los eventuales inconvenientes que se plasmarán en la Justicia cuando entre en vigencia el nuevo régimen penal juvenil, sancionado por el Congreso de la Nación.
La actividad académica, denominada “El Paradigma de la Punibilidad Temprana ante el Bloque de Constitucionalidad” Fracturas Sistémicas, Neurociencia Forense y Control de Convencionalidad en la Ley N° 27.801 del Régimen Penal Juvenil Argentino», tuvo lugar en Salón de Usos Múltiples del Palacio de Tribunales y fue organizada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santiago del Estero.
En primer lugar, el vicepresidente primero del Superior Tribunal de Justicia, agradeció la invitación de la entidad y destacó que “me han demostrado la preocupación que tiene la Asociación, porque va a entrar en vigencia la ley 27.801, que tiene un cambio muy significativo respecto al régimen penal de minoridad dictado en 1980 por el gobierno militar de facto, mediante el decreto ley 22.278”.
En su apreciación, la flamante normativa fue aprobada en un marco en que no se debatió profundamente, sino que prevalecieron las emociones y la incidencia de la opinión pública en los legisladores nacionales, para modificar la edad de imputabilidad, que bajará de 16 a 14 años.
En ese sentido, opinó que es entendible el dolor de las víctimas y es necesario un resarcimiento para que no haya impunidad, pero la solución no pasa por el punitivismo, debido a que se trata de una problemática mucho más compleja y con diferentes aristas, que debe abordarse desde la interdisciplinaridad. Esto significa que no sólo la Ciencia del Derecho debe intervenir para dar respuestas concretas, sino la psicología, la sociología, el trabajo social y la neurociencia, entre otras.
En relación a este planteo, recordó que existe una evidente tensión entre la lógica punitiva y la Convención de Derechos del Niño, que tiene un enfoque social e institucional reconocido a nivel mundial. Por ello, se debe privilegiar la justicia restaurativa, con medidas socioeducativas que permitan la inserción en la comunidad del adolescente que cometió un delito.
Otro aspecto que abordó el magistrado fue la imperiosa necesidad de que se dé cumplimiento efectivo a los Tratados y Convenciones Internacionales en la materia y a los que adhirió la República Argentina, a través del art. 75 de la Constitución de 1994.
Asimismo, sostuvo que la ley 27.801 genera más interrogantes que soluciones, ya que en su texto avanzará sobre cuestiones definidas en los Códigos Procesales provinciales en cuanto a la temática adolescente, competencia que no fue oportunamente delegada a la Nación, potestad que es base del federalismo argentino.
Por otra parte, detalló la relación entre los avances de la neurociencia y la determinación de la culpabilidad en adolescentes, a partir de la inmadurez del desarrollo de la capacidad crítica de aquellos para discernir sobre el comportamiento con dolo.
En otro orden, resaltó la creación de Nexo, el espacio institucional de Santiago del Estero en que adolescentes en conflicto con la ley penal, reciben atención integral. Además, recordó que esta iniciativa recibió reconocimiento a nivel nacional por su carácter innovador y no estigmatizante.
También, adelantó el Dr. Llugdar, que los jueces afrontarán disyuntivas a la hora de decidir sobre situaciones particulares de adolescentes sometidos a un proceso penal, debido a las antinomias que generarán la aplicación de Tratados Internacionales y la nueva ley penal juvenil.
Luego de la exposición del especialista en Justicia Juvenil e Interdisciplinariedad, certificado por la Universidad de Ginebra (Suiza), se generó un intercambio de opiniones y preguntas entre el disertante y los asistentes.
Cabe apuntar que la apertura del evento estuvo a cargo del Dr. Darío Alarcón, presidente de la Asociación de magistrados, quien manifestó que “nos congregamos para reflexionar sobre un tema de actualidad y de trascendencia jurídica de la puniblidad temprana de los adolescentes”.
“Estamos ante un contexto de desafíos complejos, por lo que es necesario actualizar nuestros conocimientos y analizar, con rigor, cómo armonizar los Derechos de los Niños y Adolescentes para responder penalmente ante conductas delictivas”, agregó.
Finalmente, cerró su mensaje diciendo: “Esta actividad representa el compromiso de nuestra Asociación con la formación continua de nuestros magistrados, funcionarios y operadores judiciales. De esta manera, podremos mejorar nuestras prácticas cotidianas y brindar respuestas más justas y efectivas”.
