El exministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni cuestionó hoy la media sanción en Diputados del nuevo Régimen Penal Juvenil para bajar la edad de imputabilidad a 14 años. Para el exfuncionario, el proyecto “no resuelve nada y solo agrava la situación”, y consideró necesario cambiar el enfoque y no atarlo a una cuestión de edad, sino a pericias psiquiátricas.

“Esta ley es totalmente arbitraria. Nadie, absolutamente nadie, los 259 legisladores, pudo explicar por qué la edad es a los 14 años y no a los 13 o los 15. Es como una paritaria salarial: partimos la diferencia en el medio”, sostuvo Berni, entrevistado en Infobae al Amanecer por Luciana Rubinska, Nacho Girón y Belén Escobar.

En esta línea, el exministro bonaerense se desmarcó de los argumentos del oficialismo y planteó: “Refuto el eslogan del Gobierno que dice ‘a delitos de adulto, penas de adulto’. El delito no tiene edad. Toda persona que incurre en un delito debe ser sometida a una pericia psiquiátrica para determinar si comprendía la criminalidad del hecho”, sotuvo.

Y amplió: “¿Por qué a los 14 años? ¿Alguien me lo puede explicar? La Argentina se está perdiendo la posibilidad de cambiar una ley totalmente arbitraria. Brasil, por ejemplo, tiene la edad de imputabilidad a los 12, Uruguay a los 13 y Chile a los 14. No hay un solo argumento neurofisiológico que justifique esa cifra: la maduración del sistema temporofrontal depende de muchos factores, no de un cumpleaños”, remarcó.

El exfuncionario explicó que la imputabilidad “es la capacidad que tiene una persona de presentarse en un proceso penal y tener un juicio justo. Para nuestra Constitución y para el Código Penal argentino, la condena tiene como objetivo la resociabilización”. En ese sentido, defendió la necesidad de evaluar caso por caso: “Así como en los adultos un juez pide un test psiquiátrico para ver si comprendió la criminalidad del hecho, con los menores debería ser exactamente igual”.

Sostuvo, además, que la decisión del Congreso “no tiene propósito alguno; es un anuncio rimbombante. Si usted pide bajar la edad de imputabilidad, es para comenzar el camino de resociabilización. Pero esta ley ni siquiera contempla los mecanismos, el presupuesto ni los lugares para hacerlo”.

El caso Kim y el riesgo de criminalizar sin resocializar
Durante el reportaje, Berni recordó el crimen de Kim Gómez en La Plata. “Esta semana comienza el juicio de los asesinos. Había dos menores, uno de ellos había sido detenido una semana antes por robo de automóvil y la Justicia lo devolvió a los padres. Terminó asesinando a la nena”.

Para el exministro, “esos chicos deberían haber tenido la oportunidad de afrontar un juicio y, si se los declaraba culpables, empezar un camino de resocialización. Pero hoy el sistema los deja afuera y mañana los vuelve a castigar sin lógica alguna”.

Alertó, además, sobre el posible efecto adverso del proyecto: “Las bandas de narcotraficantes se aprovechan de los chicos inimputables. Si bajás la edad, solo lográs que empiecen más rápido en el delito. Ahora los van a buscar cada vez más chicos, ‘soldaditos’ que venden droga y cuando la policía llega, se los entregan a los padres porque son inimputables”.

En este sentido, fue tajante sobre el sentido original de la baja de imputabilidad: “El objetivo es que el Estado se haga cargo de la resociabilización de esos chicos. Cuando uno escucha a los padres, piden a gritos: ‘Por favor, que los jueces actúen, se hagan cargo, los encierren’. Porque saben que van a terminar matando o muertos en un tiroteo”.

Sin embargo, criticó la letra del proyecto: “En el artículo diecisiete, la ley dice que se van a poner módulos en cárceles de mayores. Esto no resuelve absolutamente nada, viene a profundizar el problema”.

“El Estado debe actuar rápido, como cuando uno pone un tutor a un pino que crece torcido. Pero no conozco a nadie que enderece un pino de cien años. Si no damos herramientas para la resociabilización, vamos a seguir perdiendo generaciones”, advirtió.

Finalmente, alertó sobre la inseguridad jurídica: “Esta ley, por ser como se está tratando, viene a poner en conflicto muchas legislaciones provinciales y puede ser declarada inconstitucional porque agrede a la Constitución y al Código Penal”.

Infobae