Por orden judicial desalojaron a más de 40 familias que usurparon terrenos en el barrio Los Alamos

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Un centenar de efectivos de policías llevó adelante ayer el desalojo de más de cuarenta familias que habían usurpado un amplio terreno ubicado a metros del canal Matriz, entre calle San Isidro y el ramal del ex Ferrocarril Mitre. También fueron detenidas tres mujeres acusadas de apología del delito, además de un hombre por resistirse a la autoridad.

Poco antes de las seis de la mañana comenzó un amplio operativo, con personal de la Policía Montada, Canes, Infantería y miembros de las departamentales 4 y 5 de esta ciudad, y que se extendió hasta cerca del mediodía, ya que la gente se resistía a dejar el lugar, pese a la intervención de funcionarios judiciales.

La medida fue dispuesta por el juez de Crimen de La Banda, Dr. Ramón Gómez, ante la denuncia presentada por Zoila Quiroga de Medina, quien es poseedora de este terreno desde el año 1973.

Luego de haber sido desalojadas, las familias se ubicaron a la vera del ramal ferroviario, donde cuestionaron el accionar policial y afirmaron que al menos quince familias habían acordado -“de palabra”- un plan de pagos con los representantes legales de los dueños de las tierras que habían sido usurpadas, aunque reconocieron que otras treinta se habían instalado desde el 1 de abril ante la necesidad de contar con una vivienda.

Según afirmaron, la mayoría de las familias viven en la zona y no tienen un lugar para vivir.

En medio de la revuelta, un grupo intentó cortar el tránsito en avenida Besares Prolongación, lo que fue impedido por la rápida intervención de la policía montada.

En cuanto a los detenidos, las tres mujeres ajenas a la propiedad están sospechadas de haber vendido en cuotas algunas de las parcelas. Hasta ayer permanecían en la Comisaría del Menor y la Mujer.

A media mañana, un funcionario judicial llegó al lugar para tratar de explicar la situación a los desalojados, quienes no entraron en razón a pesar de que se les remarcó que el predio que habían ocupado tiene dueño.

Finalmente, las familias evaluaban la posibilidad de buscar ayuda legal en organismos oficiales para tratar de llegar a un acuerdo.

Fuente: el liberal

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