La Asamblea General de la ONU aprobó el pasado viernes la creación de un mecanismo para recabar evidencia que pueda ser utilizada para probar la comisión de graves violaciones al derecho internacional en Siria. La iniciativa contó con 105 votos a favor, 15 en contra y 52 abstenciones.
Introducida por Liechtenstein y Qatar y copatrocinada por 38 países, la Resolución fue aprobada por 105 votos a favor; 14 en contra y 52 abstenciones. El documento se denomina de manera formal «Mecanismo Internacional, Imparcial e Independiente para Ayudar en la Investigación y el Enjuiciamiento de los Responsables de los Delitos más Graves en virtud del Derecho Internacional cometidos en Siria».
El texto, aprobado el pasado miércoles subraya la «necesidad de asegurar la rendición de cuentas» por lo ocurrido con procesos adecuados a nivel nacional e internacional. La tarea es «recabar, consolidar, preservar y analizar las pruebas de violaciones del derecho internacional humanitario, las violaciones y abusos de los derechos humanos, y preparar los expedientes para facilitar y acelerar un proceso penal justo e independiente». Al mismo tiempo, insiste en la importancia de que cualquier proceso político que pueda resolver la guerra garantice una responsabilidad penal para las violaciones y abusos de las normas humanitarias y de los derechos humanos vividos en el país.
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Según fuentes de la ONU, Lo que se pretende es recabar y disponer de evidencia que pueda ser usada en cortes o tribunales nacionales, regionales e internacionales que tengan o puedan tener jurisdicción en el futuro sobre estos delitos de conformidad con el derecho internacional.
El texto pide además al secretario general de la ONU, que en un plazo de 20 días hábiles adopte las disposiciones necesarias para su establecimiento y pleno funcionamiento del mecanismo.
El documento fue votado con el propósito de evitar los vetos de Rusia y China en el Consejo de Seguridad. De acuerdo con la ONU, existe amplia evidencia de que el gobierno sirio, sus aliados, las fuerzas rebeldes y los terroristas son probables culpables de crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos desde el inicio del conflicto, en marzo de 2011.
China y Rusia se oponen a la iniciativa argumentando que Siria no es miembro de la Corte Penal internacional (CPI), por lo que consideran que un tribunal local podría ocuparse de la situación en ese país si así lo decretase el Consejo de Seguridad de la ONU y sin que sea necesario abrir la instancia de la Corte Penal Internacional. Así la batalla para que la Resolución sea tratada y pase positivamente la votación en el Consejo de Seguridad, se vería neutralizada ya que Rusia, el gran aliado de Damasco, y China vetarían la medida.
En ésta ocasión, Rusia y otros países como Irán, Venezuela, Cuba o Sudáfrica se han mostrado muy críticos con la resolución y han defendido que la Asamblea General está extralimitándose y cometiendo una clara injerencia en los asuntos internos de Siria.
