Sergio Schoklender, exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, solicitó este miércoles ante el Tribunal Oral Federal N° 5 que no se lo condene en el juicio por el programa de viviendas Sueños Compartidos al sostener que no hubo delito en la realización de obras.
“Vamos a volver a insistir sobre lo que tiene que ver con la duración del proceso, con la cuestión relativa al plazo razonable. Nosotros consideramos que se encuentra violado”, señaló Figueroa. Los abogados también defendieron el programa, destacaron su impacto en los barrios y afirmaron que todas las obras fueron terminadas.
El caso investiga un presunto desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales entre 2008 y 2011. Según la fiscalía, el entonces Ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido, giró más de 748 millones de pesos a la Fundación Madres de Plaza de Mayo mediante convenios celebrados sin licitación con provincias y municipios. De ese total, se habrían desviado más de 200 millones de pesos, alrededor del 23% de los recursos.
El juicio oral comenzó en marzo, luego de 15 años de investigación y se encuentra en la etapa final con los alegatos de las defensas de los imputados.
En la audiencia anterior, el exsubsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, también solicitó la extinción de la acción penal por prescripción. “La acción penal se encuentra extinguida respecto de mi defendido como así también respecto de las otras partes a partir del transcurso del tiempo establecido en el inciso segundo del artículo 62 del Código Penal”, dijo su abogado.
La fiscalía, a cargo de Diego Velazco, y la Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en el proceso, pidieron en sus alegatos las penas máximas previstas: seis y cuatro años de prisión, según el caso. Schoklender enfrenta una eventual condena de hasta seis años. Junto a él, en el primer grupo de acusados, figuran De Vido, José López y Fatala.
Velazco acusó a los imputados de haber montado un “esquema criminal” para desviar fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales. Según la acusación, entre 2008 y 2011 se desviaron más de 200 millones de pesos de los 900 millones asignados por el Estado Nacional a la Fundación Madres de Plaza de Mayo durante la primera presidencia de Cristina Kirchner.
El fiscal sostuvo que “nada era gratis. Todo se pagaba, pero nada se cumplía, todo era una pantalla”. El fiscal denunció que los imputados utilizaron la Fundación para eludir los controles estatales habituales, otorgaron beneficios irregulares a los administradores, realizaron modificaciones de obras sin justificación y extendieron de manera ilícita los plazos de ejecución.
El mecanismo de contrataciones, según la fiscalía, fue manipulado en la Ciudad de Buenos Aires; en los municipios bonaerenses de Tigre y Almirante Brown y Ezeiza; las ciudades de Rosario, Santa Fe y San Carlos de Bariloche; y las provincias de Chaco, Santiago del Estero y Misiones.
Fuente TN
