El jueves, sindicalistas y trabajadores del sector eléctrico de Venezuela reunieron a la prensa para exponer la situación crítica en la que se encuentran con un salario de dos dólares en algunos casos.
Los representantes reclamaron que los recientes acuerdos firmados entre el Gobierno de transición de Delcy Rodríguez y Estados Unidos, destinados a la recuperación de la industria eléctrica, los excluyeron tanto de las negociaciones como del proceso de consulta sobre la reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico.
La reforma pretende abrir la puerta a inversiones privadas en un sector controlado por el Estado, pero los trabajadores advirtieron que no considera sus necesidades ni su participación.
En el estado Miranda, Alexis Rodríguez, secretario general del sindicato eléctrico, describió la economía de los empleados como inviable. Los ingresos se ubicaron en torno a dos dólares mensuales, sin incidencia de bonificaciones en los beneficios laborales. Esta realidad, sostuvo Rodríguez, impidió que los empleados pudieran subsistir con dignidad y generó una crisis generalizada. Desde el sindicato propusieron la creación de una mesa de trabajo para abordar la situación salarial y las condiciones del sistema eléctrico.
La infraestructura, según los trabajadores, se encuentra en franco deterioro. Años de desidia y mala administración provocaron el desgaste de las instalaciones y la imposibilidad de mantener el servicio. Rodríguez remarcó que la industria eléctrica llegó a un punto límite y explicó que, tras dos comunicaciones previas, el sindicato entregó una nueva denuncia al ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá. Advirtieron que, de no obtener respuestas, no descartan acciones más firmes.
En el estado Lara, el secretario general del sindicato local, Oswaldo Méndez, expresó que los trabajadores quedaron excluidos de los anuncios y acuerdos recientes entre autoridades venezolanas y estadounidenses. Méndez sostuvo que el personal del sector eléctrico no puede quedar al margen de las decisiones y que resulta urgente actuar para evitar el agravamiento de la situación, marcada por la precariedad y la falta de respuesta oficial. Los empleados también denunciaron que llevan nueve años sin recibir uniformes, reflejo del abandono institucional.
El sindicato presentó una nueva denuncia formal al ministro de Energía por la situación del sector (AP Foto/Ariana Cubillos)
Las fallas en el suministro eléctrico se profundizaron durante años en Venezuela. El oficialismo atribuyó los cortes y apagones a las sanciones internacionales, mientras que sectores opositores y especialistas mencionaron la corrupción y la falta de mantenimiento como causas principales. En ese contexto, esta semana el Gobierno firmó acuerdos con General Electric Vernova y la empresa IMPSA, orientados a la mejora y modernización del sistema.
Paralelamente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió tres nuevas licencias que flexibilizaron de forma acotada determinadas operaciones. Una de ellas autorizó a PDVSA a realizar transacciones vinculadas con el bono 2020 al 8,5 %, con la compra, venta o reestructuración de ese instrumento, pero sin acceso generalizado a los mercados internacionales.
PDVSA recibió autorización para operar con el bono 2020 al 8,5 % bajo condiciones restringidas (EFE)
Otra licencia permitió transacciones con la aerolínea estatal Conviasa para mantenimiento y reparación de aeronaves. La tercera actualizó reglas para el intercambio de comunicaciones y servicios postales, permitiendo envíos dentro y fuera del país bajo condiciones precisas.
(Con información de EFE)
Fuente Infobae
