La defensa de Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner respondió a los cargos en la causa unificada Los Sauces-Hotesur y sostuvo que las sociedades investigadas realizaron operaciones lícitas y declaradas.
Según el texto entregado al director de El Cohete, Horacio Verbitsky, por la defensa dirigida por Alberto Beraldi, Hotesur S.A. y Los Sauces S.A. son sociedades comerciales familiares dedicadas a la compra y alquiler de propiedades, registradas ante los organismos competentes, con libros societarios, estados contables y declaraciones juradas impositivas.
El planteo indicó que los inmuebles incorporados al patrimonio de ambas firmas fueron adquiridos con fondos lícitos y que esa licitud ya fue analizada en expedientes previos sobre el patrimonio de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, en los que resultaron sobreseídos por enriquecimiento ilícito.
La defensa también remarcó que el patrimonio social fue declarado ante la AFIP y la Oficina Anticorrupción, conforme a las normas vigentes al momento de los hechos.
Sobre los alquileres investigados, sostuvo que todos los contratos fueron genuinos y que las viviendas fueron utilizadas por sus inquilinos. En el caso de los hoteles, afirmó que la familia Kirchner no los explotó comercialmente, sino que se limitó a percibir un canon por su arrendamiento.
El escrito agregó que existe un peritaje que, según la defensa, ratifica que el alquiler de los hoteles se ajustó a valores de mercado, según supo la Agencia Noticias Argentinas.
En cuanto a los pagos recibidos por Hotesur S.A. y Los Sauces S.A., la defensa señaló que fueron facturados, bancarizados y trazables, con el pago de los impuestos correspondientes y la aplicación de las retenciones exigidas por ley.
También rechazó que la relación contractual con locatarios adjudicatarios de obra pública configurara negociaciones incompatibles. En ese punto, sostuvo que Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner no intervinieron en los procesos de licitación, ejecución o control de esos contratos.
La defensa afirmó además que no hubo pagos en negro ni en efectivo, por lo que consideró “absurda” la hipótesis de lavado de activos. Según el planteo, los fondos provinieron de cuentas bancarias sujetas al control de organismos como la AFIP, el BCRA y la UIF.
Por último, cuestionó la imputación de asociación ilícita y sostuvo que esa acusación ya fue descartada en la causa “Vialidad”, donde, según el escrito, las partes acusadoras habían planteado que se trataba de una única asociación ilícita referida en todos los procesos.
Fuente: noticias argentinas
