El régimen de Corea del Norte disparó un 117% los casos documentados de ejecuciones y condenas a muerte durante los casi cinco años que siguieron al cierre de sus fronteras en enero de 2020, comparado con un período equivalente anterior. Así lo concluye un informe del Transitional Justice Working Group (TJWG), organización no gubernamental con sede en Seúl que durante más de una década ha reconstruido el mapa de la represión bajo el líder Kim Jong-un. El número de personas ejecutadas o condenadas a muerte se triplicó en ese intervalo.
El informe identificó 46 sitios de ejecución y reveló las coordenadas de 40 de ellos. La distribución geográfica también se alteró: antes de la pandemia, los hechos documentados se concentraban en ocho localidades, principalmente Pyongyang y tres provincias nororientales fronterizas con China; tras el cierre de fronteras, se expandieron a 19, lo que sugiere una extensión deliberada del aparato represivo.
El cierre que Corea del Norte decretó al inicio de la pandemia supuso un aislamiento casi total respecto al comercio exterior. El TJWG concluye que el régimen aprovechó esa coyuntura para ampliar el catálogo de delitos castigados con la muerte en un contexto en que el escrutinio internacional había desaparecido. El aislamiento no fue solo una medida sanitaria: fue también una oportunidad política.
El cambio más significativo ocurrió en la tipología de los delitos. Los casos vinculados al uso, introducción o difusión de cultura e información extranjera —películas, series y música surcoreanas, así como prácticas religiosas o “supersticiosas”— aumentaron un 250% y se convirtieron en la causa capital más frecuente. Las ejecuciones por homicidio, que hasta entonces encabezaban la lista, cayeron un 44%. La cultura pop del sur, que durante años se había filtrado con relativa tolerancia, pasó a ser tratada como una amenaza de Estado.
PUBLICIDAD
El TJWG también documenta un aumento drástico en las condenas por oposición política: las ejecuciones por criticar a Kim, al Partido de los Trabajadores o a los servicios de seguridad crecieron un 600%. Ethan Hee-seok Shin, analista jurídico de la organización, instó a la comunidad internacional a tomar medidas para “disuadir y castigar este crimen de lesa humanidad”. El documento señala que el régimen ha calibrado históricamente la intensidad represiva según la presión exterior: los casos disminuyeron en los años en que la ONU debatió remitir a Kim ante la Corte Penal Internacional. China y Rusia, con poder de veto en el Consejo de Seguridad, han impedido hasta ahora cualquier remisión.
Los autores del informe advierten además sobre un riesgo que consideran inminente. TJWG señala que las ejecuciones podrían intensificarse a medida que el régimen consolide la transición dinástica hacia una cuarta generación: el Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur confirmó en febrero de 2026 que Kim ha posicionado a su hija adolescente, conocida como Ju Ae, como heredera designada. El antecedente histórico respalda esa proyección: cuando Kim Jong-un llegó al poder en 2011, la consolidación de su autoridad estuvo acompañada de una ola de purgas que incluyó la ejecución de su propio tío, Jang Song-thaek, considerado hasta entonces uno de los hombres más poderosos del régimen.
Fuente Infobae
