El presidente del Parlamento en Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció este martes la excarcelación de 300 presos políticos esta semana, en el marco de una histórica ley de amnistía que distintas ONG califican de excluyente.
“Se está cumpliendo más allá de la ley de amnistía con un proceso de darle beneficios a esas personas”, apuntó el jefe parlamentario y hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, citado por AFP.
En Venezuela sigue detenido, desde mayo de 2025, el argentino Germán Giuliani. En su momento fue involucrado en una causa por narcotráfico.
A quiénes beneficiará la medida
Entre las personas beneficiadas por la medidas, hay funcionarios de la extinta Policía Metropolitana detenidos por hechos relacionados con el fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez (1999-2013) en 2002, según informó EFE.
En la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN), Rodríguez aseguró que estas liberaciones comenzaron el lunes, con la excarcelación de una adolescente de 16 años y de Merys Torres de Sequea, de 71 años, madre del capitán Antonio Sequea, condenado a 24 años de prisión por formar parte de un ataque marítimo fallido contra el Gobierno de Nicolás Maduro en mayo de 2020.
Además, Rodríguez dijo que serán liberadas “mujeres embarazadas o lactantes”.
El anuncio se conoció tres meses después de que se aprobara la amnistía y cuando ONG y partidos opositores exigen una investigación independiente y con apoyo internacional de la muerte bajo custodia del Estado del preso político Víctor Hugo Quero Navas, de la que el Gobierno informó el 7 de mayo.
Su muerte ocurrió luego de 16 meses de denuncias sobre su desaparición por parte de la madre, Carmen Teresa Navas, quien falleció el domingo pasado.
El anuncio también se produce una semana después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su Gobierno va a asegurarse de liberar a todos los encarcelados por motivos políticos en Venezuela.
Entre estas personas se encuentran los expolicías Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina, quienes fueron condenados a la pena máxima de 30 años de prisión por homicidio calificado frustrado en complicidad, acusados por disparar contra civiles durante los sucesos del 11 de abril de 2002.
Ese día, en el marco de una huelga convocada por el gremio empresarial y protestas ciudadanas generalizadas, Venezuela vivió una profunda crisis política, cuando una marcha opositora se dirigió hacia el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo.
En las inmediaciones de Puente Llaguno, en el centro de Caracas, se originaron enfrentamientos armados, con disparos provenientes de distintos puntos, lo que causó al menos 19 muertos y decenas de heridos.
Fuente TN
