La Oficina de Medidas Alterativas y Sustitutivas a la Prisión (OMAS) del Centro Judicial Añatuya amplió la cantidad de instituciones en las que los condenados pueden realizar tareas comunitarias, a partir del cumplimiento de las medidas dispuestas por los jueces de Control y Garantías.
En ese marco, la subdirectora del organismo, Patricia Pereyra de Ibáñez, comentó al Área de Prensa del Poder Judicial que se incorporaron al trabajo que lleva a cabo la oficina, los Municipios de Colonia Dora y Pinto y la Comuna de Real Sayana. En tal sentido, señaló que ya hay personas que efectúan labores en entidades de dichas poblaciones.
La entrevistada expuso que “se emplean todos los mecanismos disponibles, para ser un buen nexo entre las personas que cumplen las medidas ordenadas y los establecimientos donde se llevan adelante trabajos comunitarios o tratamientos de recuperación de adicciones”.
Asimismo, comentó que se trabaja con personas que realizan tratamiento por adicciones, por lo que se mantiene una comunicación fluida con la Dirección General de Abordaje Integral de las Adicciones (DIGAIA) y la Fundación Piedras Vivas.
Además, la funcionaria destacó que muchos establecimientos educativos reciben a sancionados para que realicen allí trabajos comunitarios, especialmente en la zona rural.
En tal sentido, remarcó que para colaborar con el proceso de control, el personal de OMAS Añatuya se capacita constantemente, en derecho procesal, violencia de género, mediación y otras temáticas.
Consultada por la clase de delitos sobre los que se dictan medidas, la entrevistada detalló que “durante el mes de septiembre, el ingreso de oficios por robo y hurto representa un 44%; 25% corresponde a violencia de género; 7% abuso sexual, 4% narcomenudeo y 20% a otros delitos”.
Además, dijo que “se trabaja con menores sometidos a tratamiento tutelar. En tal sentido, mencionó que los padres concurren a la oficina, a los efectos de colaborar con la situación planteada y también se involucra a las escuelas para que los menores sean aceptados”.
Finalmente, agregó que “el organismo tiene una jurisdicción de control muy control, que abarca más de seis departamentos. Por ello, se trata de agotar todos los recursos a nuestro alcance para poder afrontar la situación”.
“Nos ubicamos con nuestro trabajo, no sólo en el mapa jurídico de Santiago del Estero sino también a nivel nacional y por ende, se trabaja tanto con el juez de Ejecución Penal y con magistrados de otras jurisdicciones”, concluyó la entrevistada.
