El desalojo de 10.000 puestos ilegales instalados sobre diez cuadras de los alrededores de la mayor feria ilegal de América latina, La Salada, es una medida sumamente positiva e imprescindible para cortar con el flagelo de la ilegalidad que invade masivamente a la Argentina.
Se trata de un reclamo permanente que viene realizando hace años la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), advirtiendo sobre el daño económico, urbano y social que la propagación de ese sistema de venta clandestino está generando no solo sobre el comercio, sino sobre el conjunto de la sociedad.
Es fundamental que esta medida sea el inicio del desmantelamiento de la gran cadena de relaciones ilegales que se forjó en la economía, que alcanza a la industria, el comercio, y otros sectores productivos relevantes.
Desde CAME estiman que solo la venta ilegal al público habría facturado 41.500 millones de pesos durante 2011, evadiendo impuestos por más de 10.000 millones de pesos. La cifra no incluye la venta intermedia, donde las dimensiones del comercio ilegal crecen abismalmente. Actualmente hay más de 55.000 puestos en ferias ilegales y manteros en las calles de grandes y pequeñas ciudades del país. Pero en la medida que las autoridades no accionan, los puestos aumentan día a día, provocando la quiebra de centenares de comercios.
La producción y el comercio basado en la ilegalidad es la peor alternativa para un país que crece y se desarrolla como lo hace la Argentina. El desalojo de La Salada paralela es un primer paso en medio de un problema que tomó dimensiones alarmantes. Queda mucho por hacer. Pero muestra que, cuando se quiere y se toman decisiones, se puede.