En un paso clave hacia la modernización administrativa del sector agroindustrial, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) oficializó la derogación de 42 normas vinculadas a la protección vegetal.
El paquete de regulaciones alcanzado por esta “limpieza” administrativa abarca un conjunto de resoluciones y disposiciones que, tras un riguroso análisis técnico desarrollado por la Dirección Nacional de Protección Vegetal (DNPV), se determinó que habían cumplido el ciclo para el que fueron diseñadas.
Se trata de normativas que quedaron obsoletas frente a la evolución tecnológica del sector o que regulaban situaciones de emergencia transitorias que ya fueron completamente superadas hace tiempo.
Entre las herramientas dadas de baja se destacan viejos formularios en papel, esquemas de certificaciones antiguas y programas específicos de exportación que ya contaban con duplicaciones en normativas posteriores más ágiles.
La eliminación de este andamiaje burocrático busca despejar las exigencias normativas del campo y evitar superposiciones regulatorias que afectaban la fluidez comercial.
Agilidad comercial
El impacto de la medida impactará de forma directa en toda la cadena agroalimentaria, un sector que históricamente reclama por la pesada estructura de trámites requeridos para operar tanto en el mercado interno como en las terminales portuarias.
Desde el SENASA explicaron que dejar sin efecto estas disposiciones contribuye a la consolidación de un marco regulatorio mucho más transparente, coherente y accesible para todos los eslabones de la producción.
Fuentes del organismo explicaron que muchas de las regulaciones derogadas hacían referencia a alertas fitosanitarias de campañas pasadas y a medidas de contingencia ante plagas específicas que ya concluyeron de forma definitiva.
Al no ser dadas de baja en su momento, continuaban vigentes de manera formal, entorpeciendo la interpretación jurídica y técnica de los esquemas de control actuales. Con la implementación de sistemas de gestión digitalizados, las herramientas analógicas obsoletas perdieron toda eficacia práctica.
La resolución no implica una flexibilización de los controles sanitarios esenciales ni un riesgo para el estatus fitosanitario del país; por el contrario, busca concentrar el esfuerzo fiscalizador en las herramientas actuales de monitoreo y trazabilidad que garantizan la sanidad vegetal de los cultivos argentinos.
Con este avance, el sector privado cuenta ahora con un esquema de reglas de juego más claro.
La simplificación del marco normativo del SENASA promete reducir los tiempos de gestión administrativa en las agencias de extensión y optimizar los procesos de certificación internacional, un elemento indispensable para sostener la competitividad de las exportaciones agroindustriales en los mercados globales más exigentes.
Fuente TN
